La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, consideró que extender el trabajo de la misión "refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad".
"Esto es una clara señal de reconocimiento de que el aparato represivo del gobierno sigue vigente, mientras que la opacidad y la impunidad siguen siendo la regla", dijo Piquer, citada en una nota de AI.
En X, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, consideró importante el "escrutinio internacional" para "impulsar un proceso de transición hacia la democracia que esté centrado en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional".
En la misma red social, la ONG Cofavic celebró la continuidad de la misión, grupo que -subrayó- ha documentado "con rigurosidad y persistencia las gravísimas violaciones de derechos humanos que aquejan al país".
Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia Alí Daniels subrayó la importancia de la misión al mencionar que documentó "actos de tortura" en la cárcel conocida como Rodeo I, en el estado Miranda (norte), luego del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro.
"El aparato represivo, tal y como también dijo la misión, sigue intacto y es importante que se siga documentando este patrón de violaciones", señaló Daniels en la presentación del informe anual de Acceso a la Justicia.
La renovación de la misión fue aprobada este martes con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi).
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.
En días previos, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había argumentado que la labor de ésta era más importante que nunca para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.
La resolución de este martes muestra preocupación por "persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial" en Venezuela, que en su opinión amenazan con contribuir a "una impunidad generalizada".
Por ello, insta a Venezuela a respetar y proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, pide el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático y exhorta a liberar de forma "inmediata e incondicional" a todas las personas recluidas arbitrariamente.