La fecha fue acordada en una reunión sostenida en la víspera en Santiago entre los cancilleres de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y de Bolivia, Héctor Huanca, según el comunicado.
Ambas autoridades coincidieron en que la visita, "prevista para el viernes 16 de octubre", es "una señal clara del interés de ambos gobiernos de profundizar el diálogo, fortalecer la confianza y avanzar en una agenda de cooperación orientada a la prosperidad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos", indica la nota.
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.
La relación bilateral ha tenido altibajos en las últimas décadas y alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al mar.
En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino.
Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre de 2025 y que estuvo en la investidura de Kast en marzo, ha señalado varias veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.
En la reunión en Santiago, Pérez y Huanca también hablaron de la "importancia de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado" con el "intercambio de información" y la "coordinación entre instituciones" que facilitarán las investigaciones.
Además, el ministro Huanca transmitió la preocupación del Gobierno de Paz por la "situación que afecta a determinados cargamentos de madera de origen boliviano en puertos chilenos", por las "consecuencias que pudieran generar en los operadores y las exportaciones bolivianas", según el comunicado.
Huanca aludió así a la destrucción de madera boliviana de exportación en Chile ocurrida en septiembre, bajo la sospecha de autoridades chilenas de que supuestamente esos cargamentos estaban impregnados de droga, según denunciaron empresarios bolivianos, pese a que la Fiscalía de ese país instruyó paralizar estas acciones.
Al respecto, el canciller chileno "manifestó la disposición de su Gobierno de canalizar, por las vías institucionales correspondientes y dentro del marco de sus competencias los antecedentes puestos en su conocimiento" para "contribuir a su adecuado esclarecimiento", según la nota conjunta.