"Las preocupaciones de la ACNUDH son injustificadas y constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos de India", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado emitido hoy, un día después de que la ONU exigiera la liberación "inmediata e incondicional" de los opositores, activistas, abogados y periodistas arrestados.
Nueva Delhi aseguró que el derecho a la reunión pacífica está garantizado por su Constitución y protegido por un poder judicial independiente, pero remarcó que su ejercicio está supeditado al "mantenimiento del orden público y la seguridad".
"Como en toda democracia, los ciudadanos indios ejercen este derecho sujeto al mantenimiento del orden público y la seguridad. Nuestras autoridades policiales actúan estrictamente conforme a la ley, y nuestros tribunales están a disposición de todos para la resolución de cualquier queja", agregó la nota oficial.
El sábado, tras la detención de miles de personas en la capital india por tratar de marchar para exigir la renuncia del jefe de la Comisión electoral nacional, Gyanesh Kumar, el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, expresó su preocupación por la prohibición de la protesta pacífica y pidió "máxima moderación" a las fuerzas de seguridad.
En su réplica, el Ejecutivo indio denunció que otras "respuestas violentas" a protestas en su región no han recibido comentarios, y acusó al organismo de no denunciar las actuaciones policiales en su propia zona.
"Este doble rasero solo socava la credibilidad de su posición y contribuye a la pérdida de fe en el multilateralismo", sentenció la nota gubernamental.
Esta es la primera respuesta oficial emitida por el Gobierno indio tras las manifestaciones que han paralizado la capital durante los últimos días bajo la atenta mirada internacional.