La puntuación general de Estados Unidos en materia de estado de derecho disminuyó un 1,8 % en el índice de este año, según el estudio, que indica que la nación norteamericana cayó sobre todo en la categoría de justicia civil, en la que descendió 10 puestos hasta el número 47.
La erosión también se registra en la clasificación de justicia criminal, donde descendió cuatro puestos hasta el número 41, y en derechos fundamentales, donde el país queda en la posición 49, siete puestos por debajo de su nivel del año anterior.
La categoría en la que Estados Unidos tiene mejor calificación (puesto 20) es la de "gobierno abierto", que mide hasta qué punto la Administración brinda información pública accesible, facilita la participación ciudadana y proporciona herramientas para la rendición de cuentas. La nación gobernada por Donald Trump ocupa a su vez el lugar 27 en el apartado sobre ausencia de corrupción.
El estudio de WJP también refleja que en el último año el estado de derecho sufrió un deterioro en el 62 % de los 143 países analizados, frente al 38 % en los que hubo avances. Venezuela volvió a ocupar el último puesto de la lista por segundo año consecutivo.
Dinamarca mantiene la primera posición en el ránking mientras que EE.UU., México, Rusia y China registraron retrocesos, en una tendencia global marcada por las restricciones a las libertades, la injerencia gubernamental en la Justicia y el debilitamiento de los controles al poder.
El informe señala que la expansión de las prácticas autoritarias sigue siendo la principal causa de la erosión del estado de derecho, una tendencia que, según el director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, "ya no es solo una tendencia emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo".
El WJP identifica la influencia gubernamental indebida en la justicia y la extralimitación del poder Ejecutivo como factores centrales de este deterioro.
Entre las principales medidas analizadas, la libertad de opinión y expresión retrocedió en el 64 % de los países evaluados, la libertad de reunión y asociación en el 67 % y la participación ciudadana en el 65 %.
La justicia civil se debilitó en el 64 % de los países y la justicia penal en el 58 %, mientras que los límites judiciales a los poderes gubernamentales retrocedieron en el 63 % de los Estados evaluados.