Procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de dos fotógrafos en festival de México

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó este martes que procesó a siete personas y tres empresas por su probable participación en el homicidio culposo del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrido durante el festival musical Axe Ceremonia 2025.

Además, una de las empresas, encargada de la administración del Parque Bicentenario, también fue vinculada a proceso por el homicidio culposo de la fotoperiodista Citlali Berenice Giles Rivera.

El 5 de abril de 2025, Rojas Hernández, de 26 años, y Giles Rivera, de 28, fallecieron cuando cubrían el primer día del festival, que fue suspendido, tras la caída de una estructura de señalización sostenida por una plataforma de tijera a un costado del escenario principal.

En un comunicado, la Fiscalía CDMX indicó que la investigación “permitió identificar distintos ámbitos de responsabilidad relacionados con la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en los hechos”.

Entre los hallazgos se encuentra un dictamen en materia mecánica forense que determinó que la plataforma de tijera “fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada”.

Entre los procesados figuran un responsable del programa de protección civil del recinto, que firmó la minuta de una inspección previa al festival cuando aún no estaba instalada la estructura que cayó, así como personas relacionadas con la planeación del festival, la aprobación de cuatro plataformas de tijera y su instalación y montaje.

En el caso de Giles Rivera, la vinculación a proceso alcanzó únicamente a la empresa administradora del recinto, que no suscribió el acuerdo de reparación del daño celebrado el 29 de mayo de 2026 entre sus familiares, las ocho personas y las otras dos empresas investigadas.

El juez ordenó a las siete personas presentarse cada dos meses ante la autoridad judicial y les prohibió acercarse o comunicarse con los familiares de las víctimas. A cada empresa le dio cinco días hábiles para depositar una garantía de 500.000 pesos (unos 27.130 dólares) y fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación, fase previa a un posible juicio.

Con esta resolución, ya son ocho las personas y tres las empresas procesadas, incluida María del Pilar “N”, responsable de protección civil del festival, vinculada a proceso el pasado 15 de octubre.

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