Los jueces europeos consideran que las alegaciones de Berlusconi (y de su familia, que prosiguió el procedimiento tras su muerte en junio de 2023) de que el Tribunal Supremo de Italia actuó con parcialidad y de que, por tanto, no tuvo un proceso justo no se sostienen.
En el origen de todo está la condena al político y empresario en 2012 -tras haber estado tres veces al frente del Ejecutivo-, primero por el Tribunal de Milán, por complicidad en las declaraciones al fisco en los años 2002 y 2003 en relación con los derechos de televisión que gestionaba su grupo Mediaset.
Berlusconi la recurrió ante el Tribunal Supremo, que al año siguiente la confirmó, con lo que no pudo presentarse a las elecciones y quedó inhabilitado de su mandato de senador en noviembre de 2013.
Sin embargo, la tramitación y la comunicación del procedimiento por el Supremo estuvo envuelta en una sucesión de polémicas, empezando por una entrevista que dio a la prensa uno de los jueces antes de que se conociera la motivación de la sentencia, y que finalmente no fue sancionado por el órgano disciplinario.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirma que, si bien el hecho de haber dado esa entrevista al periódico Il Mattino podía suscitar algunas cuestiones, en particular sobre su "obligación de contención", en realidad no se desprende de su contenido que hubiera abordado el caso con una presunción de culpabilidad de Berlusconi.
El TEDH tampoco estima que una grabación con las declaraciones privadas que otro juez le hizo al político sobre supuestas irregularidades en el Supremo pueda ser tenida en cuenta por su carácter contradictorio, y dice lo mismo de unas afirmaciones hostiles con Berlusconi que terceras personas atribuyen al primer magistrado.
Igualmente descarta que la adopción y el contenido de la sentencia que lo condenó hubieran estado manchadas de anomalías que la invaliden.