La entidad expuso esta situación en el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en su 82 asamblea general que se celebra en Bogotá.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Esos conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con algunos sectores y decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos de vías que provocaron desabastecimientos de combustibles, alimentos e insumos médicos y ocasionaron millonarias pérdidas económicas.
La SIP señaló que el conflicto "tuvo un impacto directo en el ejercicio del periodismo", pues durante las protestas, periodistas y equipos de prensa "fueron agredidos tanto por manifestantes como durante operativos policiales, mientras cubrían los bloqueos y enfrentamientos".
"Los ataques incluyeron golpes, lanzamiento de piedras, hondas, dinamita y pirotecnia, así como agresiones con gases lacrimógenos y proyectiles policiales" indicó la entidad, cuyo informe detalla una decena de agresiones registradas en las regiones de La Paz y Santa Cruz entre mayo y junio.
Según la SIP, la cobertura periodística en ese contexto "se desarrolló en condiciones de particular riesgo, afectando tanto la integridad de los profesionales como el acceso de la población a información sobre una crisis con importantes consecuencias sociales y económicas".
A esta situación, se suman "presiones" estructurales que afectan la "sostenibilidad y la independencia de los medios", apunto.
La entidad mencionó la "creciente competencia" que enfrentan los medios tradicionales, sobre todo los diarios, de "personas y plataformas digitales que difunden contenidos en redes sociales sin sujetarse necesariamente a los mismos estándares de ética y responsabilidad periodística".
"La proliferación de información sin fuentes identificables y la distorsión de contenidos contribuyen a debilitar la confianza del público en el periodismo profesional", alertó.
La SIP advirtió que esta situación "se agrava por el desplazamiento" de los medios tradicionales en materia de publicidad estatal "y por la vulneración de los derechos de autor sobre contenidos producidos por periodistas y empresas periodísticas" que son reproducidos sin autorización en portales web y redes sociales.
En un contexto de crisis económica, la continuidad de algunos medios también se vio comprometida. Es el caso del diario Opinión, de Cochabamba, que suspendió su edición impresa "debido a su fragilidad financiera".