La SIP afirma que se intensificó el uso de mecanismos policiales y judiciales como "instrumentos de presión y represión" contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan, documentan y difunden información sobre la situación de la isla.
Asimismo, precisa que esas prácticas se tradujeron en "un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales, profundizando las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa".
El informe destaca como el caso de "mayor gravedad" el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Constantin se encuentra -en prisión provisional- en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en la provincia Camagüey (centro-este). Las autoridades le atribuyen el delito de "desobediencia" por una citación a la que llegó tarde, cuando los agentes de la Seguridad del Estado se habían retirado, relata el informe.
Además, recuerda que los integrantes del proyecto digital independiente El4tico (El Cuartico), Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, siguen en prisión bajo cargos de incitar al "desorden público" por sus vídeos de análisis y sátira política, en un contexto de "criminalización" de espacios de opinión en redes sociales.
La SIP refiere la situación de los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien, sin ser periodista, cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.
También cita el caso de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (conocida como Anna Bensi en las redes), de 21 años, y su madre, Caridad Silvente, sancionadas el 1 de octubre a dos años de "libertad limitada" por "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", tras grabar y difundir un vídeo de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.
Entre las restricciones que enfrentan los periodistas independientes, el documento apunta las prohibiciones de salida del país bajo la categoría de "regulados", lo que la SIP señala como un "mecanismo adicional de presión y control".
En concreto, subraya el recién publicado y vigente decreto 160, que cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas en Cuba, y mantiene bajo control estatal áreas esenciales como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas actividades editoriales y de información.
A ello suma que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico legal, en tanto el Estado conserva el control de los principales medios y el monopolio de las telecomunicaciones.
Advierte sobre los "obstáculos" para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, por la dificultad de conseguir insumos como el papel, los cortes de internet y las conexiones de baja calidad.
Entre las tendencias que ha identificado como más relevantes considera las citaciones verbales que "suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales" y los delitos ambiguos como la "desobediencia", los "desórdenes públicos" o los "actos contra la intimidad" que se convierten en "instrumentos de presión". Además, las detenciones breves dan paso a la prisión
En ese sentido, también denuncia impedimentos procesales como las demoras de los habeas corpus, la variación de una medida cautelar, la falta de acceso a un expediente y la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones.
La SIP, con sede en Miami, es una organización fundada en 1943 sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión, integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.