El antiguo vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de Hainan, provincia insular del sur de China, recibió presuntamente sobornos por una cuantía "especialmente elevada", según informó este miércoles la Fiscalía Popular Suprema a través de la agencia oficial Xinhua.
La acusación incluye entre los cargos desde los que Xiao habría obtenido beneficios ilícitos los de alcalde y secretario del Partido Comunista de China (PCCh) en Sansha, que ocupó entre 2012 y 2017, aunque no identifica operaciones concretas ni precisa el importe de los presuntos sobornos.
Sansha fue establecida por Pekín en 2012, con sede en la isla de Woody, denominada Yongxing en China, para administrar los archipiélagos de las Paracel y las Spratly, entre otros territorios del mar de China Meridional cuya soberanía se disputa con países vecinos.
China reclama por motivos históricos casi la totalidad de esas aguas, una posición que choca con las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, en una zona estratégica para el comercio marítimo mundial y con importantes recursos pesqueros y energéticos.
En los últimos años, Pekín ha impulsado la construcción y ampliación de infraestructuras en islas y arrecifes de la región, incluidos aeródromos, puertos y otras instalaciones, unas acciones que han generado tensiones con sus vecinos y Estados Unidos.
Xiao estaba bajo investigación desde febrero pasado por "presuntas infracciones graves de la disciplina y la ley" y fue expulsado del PCCh en julio, acusado, entre otras irregularidades, de intervenir indebidamente en proyectos de construcción y favorecer a familiares.
La Fiscalía de Huizhou, en la provincia meridional de Cantón, presentó la acusación ante el Tribunal Popular Intermedio de esa ciudad después de que la Comisión Nacional de Supervisión concluyera sus pesquisas.
El procesamiento se suma a la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes empresas estatales.
Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre de este año, entre ellas 105 funcionarios de rango provincial o ministerial o superior, según los últimos datos oficiales.