Mulino propone dialogar con empresa canadiense para "reactivar" la mina cerrada en Panamá

Ciudad de Panamá, 16 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso este lunes iniciar conversaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para, si se llega a un acuerdo, "reactivar la actividad" de una gran mina de cobre cerrada en 2023 por un fallo judicial tras una oleada de protestas.

"He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mayores beneficios para el país", señaló el mandatario panameño.

"Debemos reconocer que el Estado panameño no tiene hoy las condiciones para realizar la operación, la explotación y el procesamiento de estas características, pero eso en ninguna circunstancia nos pone en desventaja. Al contrario, la creciente demanda mundial de cobre lo convierte en un recurso estratégico y fortalece nuestra posición en las demandas que estableceremos", continuó.

Por ello, determinó "un equipo interministerial liderado por el ministro (de Comercio) Julio Moltó para que inicie de inmediato las reuniones con Minera Panamá. Lo hará con un eje vector: buscar la reactivación de la actividad minera solo si están protegidos los intereses de la patria y existen beneficios reales para Panamá".

Mulino condicionó el diálogo para la posible reapertura de esa mina de cobre, la más grande a cielo abierto de Centroamérica, a cinco ejes: los minerales son propiedad del estado panameño, el país deberá obtener el máximo beneficio económico, la empresa no es soberana del territorio, protección del medio ambiente y respeto a la Constitución.

El futuro de la mina, nombrada Cobre Panamá, estaba en manos de Mulino desde que el pasado septiembre una comisión gubernamental recomendó mediante un informe realizar un "cierre ordenado y autofinanciado" del yacimiento, una propuesta que grupos ambientales habían calificado de ser un "disfraz" para reactivarlo.

La mina Cobre Panamá permanece paralizada desde noviembre de 2023 después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de intensas protestas callejeras movilizadas por ambientalistas.

Tras ello, la mina entró este año en una fase de preservación - que incluye el procesamiento de toneladas de mineral que había quedado a la intemperie- dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y más del 4% del producto interno bruto (PIB).

La paralización provocó la apertura de arbitrajes internacionales por 27.000 millones de dólares contra el país, ahora suspendidos, y un fuerte debate sociopolítico y ambiental en Panamá.

"Es fundamental entender que no se trata de una concesión. Si se alcanza un acuerdo, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará con pleno cumplimiento de la Constitución y de todos los requisitos legales de Panamá", subrayó Mulino.

Según el mandatario, las conversaciones con la empresa minera también exigirán la finalización de los arbitrajes internacionales contra Panamá y, la creación de un plan de cierre "ordenado, verificable y definitivo" de la mina sin posibilidad de prórroga ni negociación.

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