La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó de que, con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública, intervinieron en el lugar que se encontraba en el sector de Pintag donde estaban "alrededor de 22 mujeres en contra de su voluntad y algunas de ellas por decisión propia".
"Durante la intervención se encontró a una mujer en estado de gestación, 4 menores de edad en una casa de dos pisos en donde permanecían encerradas con candado, manifestando a las autoridades presunto maltrato físico", agregó en un comunicado.
Según testimonios, la clínica funcionaba mediante referencias, no contaba con redes sociales, el proceso duraba alrededor de siete meses y el costo variaba, entre 200 y 500 dólares mensuales, de acuerdo el estatus de cada familia.
El centro operaba en condiciones insalubres y almacenaba alimentos en mal estado dentro de un refrigerador que desprendía fuertes olores, agregó.
De acuerdo a la AMC, las mujeres que estaban en el lugar provenían de ciudades como Puyo (Amazonía) y Latacunga (Andes), así como de diversas provincias de la Costa.
La AMC clausuró el establecimiento y su propietario podría enfrentar una multa de cinco a ocho salarios básicos unificados (de 2.410 a 3.856 dólares en total).
De acuerdo a la AMC, en lo que va de 2026, se han ejecutado 20 clausuras a este tipo de centros por operar sin los permisos de funcionamiento correspondientes.
El Municipio de Quito rechazó la ilegalidad en establecimientos que ponen en riesgo la salud e integridad de las personas, y ratificó que continuará con controles e inspecciones a quienes operen al margen de la normativa vigente.