El funcionario detalló que para los pacientes Patricia Silva y Pedro Rotela ya se entregó la orden de compra al proveedor y que ya deben estar disponibles.
Entretanto, para María Luisa Vera de Gamarra, aseguró que hoy se firma el contrato y se emite la orden de compra, mientras que para Carolina de Vidovich se encuentran en etapa de elaboración del contrato.
Las drogas solicitadas vía amparo judicial no están en el listado básico. Los médicos desde hace mucho tiempo vienen pidiendo la actualización del listado, que hace como 10 años no tiene variación.
No está desfasado el actual, sino que requiere la introducción de nuevas drogas, muchas que van a ayudar a los pacientes que no responden a las actuales. Cuando se adquirieron los biosimilares, el año pasado, el Ministerio de Salud habían asegurado que la compra implicaba un ahorro y que permitiría introducir más fármacos para poder brindar mayores posibilidades a los pacientes.
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AMPARO Y DESACATO
Los pacientes, a través de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), recurrieron a la Defensoría del Pueblo, que promovió los amparos. Sin embargo, ante la no provisión pese a la urgencia requerida y mencionada en las resoluciones, esta semana iban a presentar una denuncia por desacato, atendiendo a la Ley Nº 4.711, “Que sanciona el desacato a una orden judicial”.
De esta manera, el ministro Julio Mazzoleni y sus funcionarios se exponen, de acuerdo artículo 1º, a pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa, pero en el caso, porque son funcionarios públicos, la pena podrá ser elevada hasta cinco años.