El Ministerio Público, a través de la fiscala Teresa Sosa, realizó una serie de intervenciones a varios sitios en el marco del caso Salum, y según el informe preliminar remitido por la Fiscalía destacan que la investigación de la agente fiscal es sobre todo para deslindar la responsabilidad de la titular de dicha institución, Sandra Quiñónez.
Entre los elementos requeridos por Sosa en las oficinas del Ministerio de Defensa, donde opera la Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa sobre el COVID-19, figuran principalmente documentos sobre la presunta entrega del certificado de salud por parte del Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez.
Igualmente, en la sede de la Comisaría 9na Metropolitana solicitaron informes sobre una presunta denuncian de violación de cuarentena por parte de Salum. Lo llamativo de la respuesta de la Policía es que no consta ninguna denuncia formal contra el empresario por quebrantar las restricciones sanitarias, sin embargo, los uniformados reconocieron que fueron hasta la residencia de Salum para llevarlo para que cumpla la cuarentena en un refugio oficial el Gobierno.
La fiscala Sosa continúa con el operativo, específicamente en un edificio residencial denominado La Mercedia, en Asunción.
El caso en cuestión tiene a la fiscala Sosa como jueza y parte, ya que la misma fue la que inicialmente dio permiso para que este empresario no vaya a cumplir cuarentena como los “comunes” en centros de refugiado de manera obligatoria, sino que vaya a su casa.
Sosa cayó en varias contradiciones respecto al caso a este procedimiento, entre las más burdas por ejemplo figuran que primeramente otorgaron el permiso -entre otro criterio- porque era una personas en situación de vulnerabilidad por tener más de 60 años, cuando ni siquiera corroboró que este tenía apenas 50 años. De hecho, el propio certificado médico indicaba en el primer párrafo que tenía 50 años.
La fiscala también en varias entrevistas varió su versión de cómo llegó a sus manos el certificado médico del Dr. Osvaldo Tenace, que fue utilizado como supuesto aval para permitir que el hombre vaya a su casa.
El ministro Federico González, asesor de Asuntos Internacionales de la presidencia, indicó que la propia Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, fue la que presentó el documento médico para beneficiar a Salum.