El fiscal de Villarrica, Alcides Espínola, junto con la Policía Nacional, allanó la sede de la Municipalidad de Mauricio J. Troche, en busca de evidencias en relación con una denuncia por supuesta apropiación de documentos públicos, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
La denuncia fue presentada por un grupo de concejales conjuntamente con ciudadanos indignados denominados “Contraloría Ciudadana”. Sin embargo, solo se incautó dos equipos informáticos durante el operativo fiscal-policial.
Según el mandamiento de allanamiento firmado por el juez penal de garantías itinerante del 2° turno Abg. Miguel Cardozo además de los equipos informáticos debía confiscarse documentos originales de las rendiciones de cuentas, certificados de disponibilidad presupuestaria, contratos de diversas obras encaradas por el municipio, órdenes de pago, facturas, entre otros, sin embargo, supuestamente no se encontraron dichos legajos y solo se incautó dos CPU de la administración.
Intentamos conversar con el fiscal interviniente, Alcides Espínola, pero no atendió nuestras reiteradas llamadas.
Por su parte, la intendenta Andresa Benítez de Méndez (PDC), indicó que “es un show más del grupito de concejales opositores y que todo se trata de una persecución política. Me dicen la reina de las denuncias porque desde el 2010 me vienen acusando, pero nosotros demostramos con documentos”, ironizó la jefa comunal.
Aseguró que no existe ninguna apropiación y que todos los documentos que fueron requeridos por la Fiscalía a pedido de los ediles, ya lo había presentado al pleno en su debido momento en su informe cuatrimestral y que inclusive lo aprobaron. “Si hubieran querido volver a revisar los documentos, lo hubieran pedido de buena manera y no de esta forma haciendo show”, manifestó Benítez.
La denuncia fue presentada por los concejales: Jorge González (PDC), Alejo Fariña (PCPS) y Alberto Genes (ANR) junto con los ciudadanos indignados miembros de la “Contraloría Ciudadana”, Rubén Alfonso, Nelson Torres y Richard Ibarra.