En la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR), que dio a conocer esta semana, se reveló entre varias anomalías que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) incumplió con el artículo 2º de la “licencia ambiental” que le fue otorgada por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades, ex Seam), en el año 2011, para el proyecto metrobús.
En el mencionado artículo se estableció la adquisición de un inmueble sobre la Avenida Eusebio Ayala (entre Madame Lynch y la calle La Victoria) o en el distrito de Fernando de la Mora, con una superficie total no menor a 5.000 metros cuadrados, para convertirlo en un área verde. Sin embargo, según la CGR, esto nunca se hizo y ocasionó que el proyecto, en aquel momento, no tuviera una compensación por el impacto ambiental que generó, según las normativas ambientales vigentes en ese momento, y lo solicitado por la entonces Seam.
Sobre el punto, el ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, señaló a la CGR que esos estudios no corresponden a su administración y que el proyecto del metrobús tuvo otras licencias ambientales que fueron aprobadas en el año 2015 y 2017, con las cuáles se ejecutó la obra. Mientras tanto, la administración de Arnoldo Wiens respondió que considerando que al momento de reactivar las actividades del proyecto (en 2013), la normativa ambiental cambió de criterio y la compensación debía realizarse con repoblaciones (de árboles) in situ, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 4928/13 “Ley de Protección del Arbolado Urbano”.
Pero la Contraloría señaló que “los descargos presentados no satisfacen lo observado por el equipo auditor”, por lo que mantuvieron estas observaciones. En la licencia ambiental también se estableció que el MOPC debía presentar una evaluación de fuentes alternativas de energía para los vehículos, cuyo cumplimiento la CGR no pudo corroborar. Mediante un acta con fecha del 7 de agosto de 2019, la CGR consultó al MADES si el MOPC dio cumplimiento a las exigencias cuestionadas y la institución respondió que “no obra ningún antecedente” del caso en la institución, por lo que la CGR mantuvo su observación.
Serias irregularidades en la obra
Entre las principales conclusiones de la auditoría practicada por la CGR se indica que el MOPC desembolsó a Mota Engil hasta el certificado Nº 29 (de trabajos), unos US$ 29.000.000 por obras que, en partes considerables, no cumplen con las especificaciones técnicas del pliego de la licitación y cuya futura utilidad resultó incierta, inclusive para los actuales administradores del MOPC. Además, agrega que se produjeron “pagos irregulares” a Mota por G. 8.689.241.754 en la obra de cableado subterráneo. También evidencia que se pagaron más de G. 17.000 millones por desagües que no funcionan y detectaron la no aplicación de multas por G. 14.550.000.000.