El proyecto se encamina en un escenario de pandemia en el que de la cantidad de fallecidos por COVID-19, el personal de blanco representa cerca del 6% de los casos. Incluso, la primera víctima de coronavirus en nuestro país fue justamente un médico, el doctor Hugo Díez Pérez.
La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central), decidió recomendar a la plenaria de Diputados, aceptar las modificaciones introducidas por Senadores al proyecto de ley, que, en la versión de Senadores, establece que los familiares (padres, hijos y/o cónyuges) del personal que falleciera por causas relacionadas al covid-19 o coronavirus, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria y hasta tres meses después, serán indemnizados por el monto equivalente a 50 salarios mínimos legales para actividades diversas no especificadas.
Mientras que, en la versión de Diputados, se establecía a más de los 50 salarios mínimos, también algunos beneficios adicionales como gratificaciones especiales, remuneraciones extraordinarias y adicionales, entre otros.
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"Por unanimidad, la Comisión de Presupuesto determinó acompañar este proyecto, teniendo en cuenta el trabajo sensible que realiza el personal de blanco en el escenario de la pandemia que se vive en nuestro país, a causa del COVID-19, manifestó el diputado Rojas.
Piden informes sobre otro proyecto
Por otro lado, Rojas indicó que decidieron posponer el dictamen con relación al proyecto de ley “De funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores - SENAAI”.
“Este proyecto cuenta con un impacto presupuestario muy importante; la crisis financiera actual exige un estudio detenido de esta iniciativa y, considerando que aún no disponemos de informes técnicos, que hace relación a la cuestión de salarios actuales, cantidad de funcionarios, antigüedad y, especialmente lo relacionado a la cuestión muy delicada, que es la jubilación, es que decidimos posponer el dictamen al respecto”, señaló.
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También se decidió posponer el dictamen con relación al proyecto de ley “Por el que se autoriza de manera temporal la donación al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), de las mercaderías incautadas en presunta infracción aduanera consideradas de interés público sanitario, mientras dure la pandemia del covid-19 o coronavirus”, según informaron.
“La comisión asesora determinó aplazar su dictamen para un mejor estudio, debido a que la incautación de mercaderías, se establece que es bajo la presunción de un ilícito; qué pasa si se llega a donar al Ministerio de Salud las mercaderías y, luego resulta que su ingreso no era ilegal; estaríamos ante una compra indirecta y no una donación, lo que afectaría seriamente las arcas de la Dirección Nacional de Aduanas”, alegó Rojas.
Así también, con relación al proyecto de ley “De manejo integral del fuego”, dijo que la asesoría a su cargo se allanará al dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
En cuanto al proyecto de ley “Que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes”, significó que al respecto se produjeron dos dictámenes: uno por la aprobación, con modificaciones y otro, por el rechazo.
“Resulta casi imposible la aplicabilidad de este proyecto, aunque reconozco que existe un trabajo del diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), que recomienda la aprobación con modificaciones”, argumentó.
En nuestro país, según un informe del Ministerio de Salud, desde el 13 de marzo hasta el 4 de setiembre, se registraron 8.442 trabajadores de la salud con sospecha de haber contraído el virus. De ese total, se confirmaron oficialmente 1.246 y tres de ellos fallecieron.
Las cifras señalan que, del total de contagiados en todo el territorio nacional, el personal de blanco representa cerca del 6% de los casos.