La emisión está autorizada por la Ley N° 6.469/20 de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente, prevista para cubrir los vencimientos de deuda e inversión en infraestructura, y la Ley N° 6.524/20 de Emergencia Sanitaria, que crea un fondo por US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y mitigar los efectos del covid-19 en la economía.
Los bonos se dividen en cuatro series: G. 70.000 millones a 6 años de plazo y tasa de interés del 7,2%; G. 100.000 millones a 7 años de plazo y tasa de interés del 7,75%; G. 100.000 millones a 10 años de plazo y tasa de interés del 7,9%; y G. 100.000 millones a 20 años de plazo y tasa de interés 9,9%.
Es la primera vez que la cartera fiscal subastará bonos a nivel local a 20 años de plazo, el más largo hasta el momento, atendiendo que la anterior realizada en agosto fue a 15 años y logró colocar en su totalidad, por lo que esperan que con estos títulos suceda lo mismo, ya que el sistema financiero está con mucha liquidez.
Hacienda sostiene que este tipo de colocación representa un paso importante en el desarrollo de una curva de rendimientos de los bonos del tesoro y permite establecer una tasa de referencia para operaciones y proyectos de inversión de mediano y largo plazo para la economía en su conjunto. También, indica que al ser en moneda local permite no estar muy expuestos a las variaciones que pudieran surgir con la moneda norteamericana.
A más de cinco meses de la implementación de la ley de emergencia, faltan aún US$ 120 millones para completar los fondos autorizados, que se buscará obtener en el mercado local con colocaciones en la Bolsa mañana y en las próximas subastas planeadas para octubre y noviembre.
Los datos de la cartera fiscal indican que de los US$ 1.600 millones autorizados, se tienen US$ 1.480 millones asegurados provenientes de las siguientes operaciones: US$ 1.000 millones en bonos soberanos emitidos en el mercado internacional, un préstamo de US$ 210 millones del BID (que aún falta desembolsar), otro préstamo de US$ 20 millones del Banco Mundial y otro de US$ 250 millones que está en trámite con la CAF.
La mayor parte de estos fondos ya están asignados, al mes de agosto llegaron a US$ 1.341 millones para su ejecución de diversas entidades. Además, Hacienda debe devolver al Banco Central del Paraguay (BCP) unos US$ 587,5 millones del adelanto que le había efectuado al inicio de la pandemia, para financiar los primeros gastos mientras tramitaba los créditos señalados; y otro de US$ 109,6 millones que le otorgó como adelanto para pagar la deuda flotante del ejercicio 2019, en el marco de la ley de presupuesto.
En ambos casos, el plazo para la devolución vence el 31 de diciembre, situación que preocupa ya que la recaudación tributaria, aunque repuntó, se estima que hay un ingreso menor en unos US$ 600 millones.