Por 47 votos de cartistas, abdistas y dos liberales y un independiente contra 28 votos de diputados liberales, patriaqueridistas, encuentristas y de Hagamos, la Cámara de Diputados terminó por sancionar su versión del proyecto de ley de racionalización de gastos superfluos y recorte de privilegios de funcionarios.
Los diputados cartistas y abdistas defendieron la exclusión de los funcionarios de las binacionales en el proyecto de ley que fija un tope salarial de G. 37 millones. Varias veces mencionaron que existe un tratado internacional que no puede ser dejado de lado.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) dijo que el Supremo Tribunal del Brasil mediante un fallo determinó que Itaipú se rige por tratados internacionales y que mal podrían dejarlo sin efecto por una ley.
Asimismo, calificó de populista el proyecto de ley que fue impulsado por el senador de su mismo equipo político, Sergio Godoy (ANR, cartista). El diputado Roberto González (ANR, abdista) incluso dijo que establecer un tope a los funcionarios de las binacionales generaría una “clara discriminación” salarial entre los funcionarios del lado paraguayo con los del Brasil y la Argentina.
La diputada Kattya González (PEN) vocera de la comisión de Legislación, recomendó al pleno aceptar la ratificación del Senado bajo el argumento de que las modificaciones planteadas por Diputados adolecen de algunas faltas clarísimas que riñen con la Constitución Nacional. Indicaron que se inclinaban por la versión del Senado porque la norma estaba a favor de la transparencia, austeridad y principios democráticos a favor del ciudadano.
El diputado Rodrigo Blanco refutó las expresiones de sus colegas colorados y dijo que es hora de romper con la vieja práctica del discurso de señalar que existe un tratado internacional de por medio. Asimismo, el diputado liberal Carlos Silva dijo que estamos en momentos críticos por la pandemia y que la pérdida de privilegios debe ser lineal.
Modificaciones
Entre otros puntos, se prohíbe que tengan seguro médico la máxima autoridad y el cuerpo colegiado y se prohíben los bocaditos en instituciones públicas. El combustible se adquirirá para desplazamientos en función del cargo y para tareas externas.
Clanes familiares
El proyecto de ley sancionado señala que las autoridades de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y miembros de órganos colegiados podrán incorporar a las instituciones a un máximo de tres asesores y cuando las autoridades hayan cesado de sus cargos serán desvinculados automáticamente. Con este artículo todos los familiares que ingresen en cargos de confianza con las máximas autoridades cesarán en sus cargos una vez que la autoridad de turno así lo haga. El proyecto original buscaba que la autoridad de rango superior no nombre ni contrate a un familiar salvo que sea por concurso.