“Hechos publicados fueron precisos”

Marta González Ayala, extitular de Tributación (SET), quien querelló a un periodista y a la directora de ABC Color.Archivo, ABC Color

Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas, señaló ayer que todo lo publicado por ABC Color sobre la licitación para la adjudicación del sistema Marangatu fue “preciso” y confirmado por su institución. Reconoció que la legislación paraguaya tiene grises sobre conflictos de interés.

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“Los hechos publicados por ABC fueron precisos”, manifestó Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en conversación con radio ABC Cardinal.

Seitz hizo así referencia a una serie de publicaciones que realizó nuestro diario entre marzo y abril del año pasado sobre el proceso licitatorio que terminó en la adjudicación de un contrato de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) para la actualización del sistema tributario “Marangatu 2.0”.

El titular de la DNCP refirió que si bien no se hallaron irregularidades en los términos establecidos por la ley 2051 “De Contrataciones Públicas”, la investigación de varios meses confirmó todos los hechos revelados por el equipo periodístico de nuestro diario.

Marta González, entonces titular de la SET, era también miembro de la comisión directiva del CIAT, cuando Tributación contrató al organismo internacional para la realización de los trabajos.

Seitz señaló que al no ser un contrato comercial, la institución a su cargo no consideró que existiera una violación a la ley.

Sin embargo, el alto funcionario público reconoció que sí podría haber existido un conflicto de intereses al tener en cuenta que González Ayala formaba parte de ambas instituciones.

Seitz señaló sobre ese punto que el problema de la legislación paraguaya es que no existe una definición clara del concepto jurídico del conflicto de intereses.

“Tenemos un agujero gigantesco por la falta de normas precisas sobre conflictos de intereses”, sostuvo.

Pide prisión y resarcimiento

Molesta por publicaciones referentes a decisiones que adoptó durante su gestión como viceministra de Tributación, González Ayala accionó contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de nuestro diario, Natalia Zuccolillo, por supuestos delitos contra el honor. La acción, presentada por el abogado Jacinto Santamaría, esposo de la querellante, plantea la máxima sanción prevista por el Código Penal; es decir, pena privativa de libertad y también una composición (indemnización) que pretende establecer en 1.400.000 dólares.

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