La firma Desarrollos Madereros SA es propietaria de un inmueble de 4.500 hectáreas en el distrito de Hernandarias, Alto Paraná; el título de propiedad tiene su origen en el año 1890.
En octubre de 2019, un grupo de 60 campesinos invadió parte del inmueble. Se instalaron en la reserva forestal de la propiedad y desde allí hostigaban en forma continua a la empresa con la intención de que suspenda sus actividades económicas.
Luego de consolidar la invasión, parte de los invasores se traslado hasta la comunidad Ava Guaraní lindante con Desarrollos Madereros SA y ocuparon un sector del monte. Los indígenas pidieron intervención del Instituto Paraguayo del Indígena y del Ministerio Público.
El intento de despojo del monte de los Ava Guaraní se realizó con un argumento remanido: “Los indios no usan la tierra y nosotros necesitamos dar de comer a nuestras familias”.
La empresa, por su lado, también se movilizó ante la justicia en procura de recuperar la posesión plena de su propiedad.
Los campesinos, mientras tanto, comenzaron a talar árboles también con el argumento de que “necesitan dar de comer a sus familias”.
No contentos con destruir la reserva forestal, prendieron fuego al eucalital que constituye la principal actividad económica de la empresa.
Al cabo de unos meses, ante la inacción de las instituciones públicas para dar un corte al problema, los invasores se instalaron en medio del cultivo mecanizado, rodeando por completo la administración del establecimiento.
El cuento de “excedente fiscal”
El Indert intervino en un conflicto que iba subiendo de tono. Se formó una comisión interinstitucional con la participación del Indi, el mismo Indert, campesinos y empresa propietaria.
Los campesinos sostenían contra viento y marea que allí existe un “excedente fiscal” y reclamaban la entrega de la tierra a los ocupantes.
El Indi logró que abandonen la invasión a la comunidad Ava Guaraní, con intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Los campesinos aceptaron la pericia técnica del título de propiedad. El problema surgió con el resultado: el título de propiedad es incuestionable, legítimo por donde se mire.
Entonces también hicieron lo de siempre: rechazaron la verificación de los documentos diciendo que “todo fue mal hecho porque no ubicaron el excedente”.
La semana pasada fueron desalojados los 60 ocupantes de la propiedad privada. Pasaron 12 meses para que, finalmente, hayan salido de un sitio donde nunca debieron estar. El desalojo fue pacífico.
El título de propiedad se ajusta a la mensura judicial y ocupa la superficie que fue adquirida en 1996. La invasión fue un acto de piratería antes que reivindicación.
Apoyo político a invasión
El concejal de Alto Paraná Carlos Mora brinda soporte político a los invasores de la propiedad de Desarrollos Madereros SA.
El militante del Frente Guazú movió todos los recursos e influencia posibles en procura de evitar el desalojo, inclusive cuando ya se había confirmado que el título de propiedad es legítimo y que no existe ningún excedente fiscal.
“Excedente fiscal” es una suerte de grito de guerra para los campesinos y políticos carentes de escrúpulos.
Se plantea la existencia de una fracción propiedad del Estado, dentro de un inmueble titulado. Es el principal argumento para el atropello.