En el marco de la investigación realizada por el fiscal Francisco Torres, se recibió un informe del juzgado en lo civil y comercial del 4° turno, que revela que al momento del desalojo, estaba plenamente vigente una resolución de no innovar sobre el inmueble en que residía la anciana con sus cinco nietos.
La medida fue dictada el 24 de noviembre del 2016 por el juez Daniel Ocampos, en el marco de un juicio de usucapión iniciado por Irma Concepción Rojas de Franco en el año 2005.
El fiscal Torres imputó al abogado Pablo Sanabria Roa y también al oficial de justicia que participó en el procedimiento, José Óscar Núñez Morínigo por coacción y producción mediata de documento público de contenido falso.
Ambos auxiliares de la justicia fueron denunciados por el representante legal de la señora de Franco, el abogado Rodolfo Berendsen, quien presentó toda la documentación referente a la finca N° 7.564 de Luque.
En su momento, el desalojo causó gran indignación en el vecindario y motivó la realización de distintas manifestaciones de apoyo a la desalojada.