Indígenas mbya denuncian a civiles armados que arrasaron sus viviendas

La comunidad Jaku’i Guasu fue arrasada por hombres armados. Los indígenas mbya apenas si tuvieron tiempo para retirar sus enseres personales. De las viviendas no queda nada en pie.
Los indígenas perdieron todas sus pertenencias. Están instalados en la vera del camino vecinal. Vecinos entregaron carpas para que puedan guarecerse. No se exhibió orden judicial de desalojo.

La comunidad Jaku’i Guasu, del pueblo mbya, fue arrasada. El lunes 19 del corriente se presentaron civiles armados y apenas dieron tiempo a los indígenas para sacar sus pertenencias personales, luego destruyeron las viviendas. La fiscalía de Mayor Otaño, Itapúa, confirmó que recibió la denuncia del atropello. Los mbya quedaron a la vera del camino, viviendo de la caridad pública.

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La comunidad Jaku’i Guasu fue arrasada por civiles armados, según la denuncia que presentó el cacique Ricardo Martínez ante el Ministerio Público.

El líder de la comunidad mbya, ubicada en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa, mencionó que en la mañana del lunes 19 del corriente se presentaron en el lugar civiles fuertemente armados.

“Nosotros llevamos viviendo más de 20 años en el lugar. Nunca fuimos molestados y teníamos buen relacionamiento con la empresa Agro Toro”, explicó el líder mbya.

Agregó que “nos dijeron que tenían un nuevo lugar para instalarnos, que allí no podíamos seguir. Hablaron de una reubicación más adentro de la propiedad, en una zona donde hay un monte”.

Siguió diciendo que “llegaron a eso de las 2 de la tarde y nos dijeron que debíamos prepararnos de inmediato para salir”.

El cacique resalta que “les pedí para reunirme con mi gente, somos unas 15 familias en el lugar. Expliqué lo que estaba pasando porque la gente estaba muy asustada al ver tantos hombres armados con escopetas”.

“Se resolvió pedir una semana de plazo para preparar nuestra mudanza. No es mucho tiempo lo que pedimos, pero cambiar de lugar siempre es un problema, queríamos ir a ver donde nos querían llevar. También teníamos que preparar el nuevo lugar para instalarnos”.

Arrasan con las casas

Sigue el relato del cacique: “Dijeron que no. No aceptaron darnos una semana de plazo y de inmediato comenzaran a destruir nuestras viviendas. Arrasaron con todo, no dejaron nada en pie, salvo nuestra pequeña iglesia”.

“Apenas pudimos salvar algunas cosas personales después no quedó nada de nuestra comunidad”.

Luego de arrasar con las viviendas, el personal de seguridad de la empresa Agro Toro se retiró del lugar.

Los mbya quedaron a la vera del camino. Los vecinos, al enterarse la brutalidad de la intervención de civiles armados, llegaron hasta el lugar portando carpas para que puedan improvisar un refugio.

En este momento, los indígenas viven de la caridad pública.

El fiscal Walter Castro, de Mayor Otaño, confirmó que recibió la denuncia del atropello y solicitó la presencia de efectivos policiales en el lugar para constatar la veracidad.

No fue un desalojo

Juan Carlos Viana, jefe de seguridad de Agro Toro, negó que se hubiera tratado de un desalojo. “Se hizo una reunión y se acordó con los indígenas una mudanza del lugar. Nosotros ofrecimos ayudarles en el traslado atendiendo que viven en la extrema pobreza”, expresó a nuestro corresponsal en Itapúa, Augusto Roa.

Agregó que “como viven cerca de tierras mecanizadas, dentro de una propiedad privada, están expuestos a productos químicos que se utilizan en fumigación. Por eso se decidió pedirles que se retiren dentro del monte, como una forma de protección”.

Si la mudanza se acordó entre las partes, ¿por qué al final los indígenas quedaron a la intemperie, en el camino?

Ministerio Público inició investigación

El agente fiscal Walter Castro, de Mayor Otaño, confirmó que el cacique Ricardo Martínez se presentó el viernes último a denunciar el atropello a su comunidad.

“En la mañana del sábado solicité a la comisaría de Jaku’i Guasu que se presente en el lugar para constatar la veracidad de la denuncia que presentó el líder de los mbya. Confío en que hoy me presentarán el informe”.

Confirmó que “el Ministerio Público no participó de ningún operativo de desalojo en el lugar y tampoco tenemos información de que se haya realizado con orden judicial. Según la denuncia, fue una intervención de civiles armados”.

La fiscalía inició una investigación sobre el tema.

roque@abc.com.py

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