Origen de gastos sociales no está en el tratado, asegura diputada

La diputada Kattya González (PEN), durante su visita a Radio ABC Cardinal 730 AM, promocionó también su libro: “Cartas a Marito”.Archivo, ABC Color

La diputada Kattya González (PEN) realizó un desglose de dónde se originan los fondos socioambientales de la Itaipú para demostrar que no están contemplados en el tratado binacional.

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Con ayuda de profesionales en el tema, la diputada señaló que desde el 2009 en Itaipú se produce energía garantizada y energía adicional. La primera se comercializa a US$ 43,88 el MWh y se necesita 75.000.000 de MWh para alcanzar el Costo del Servicio de Electricidad que es de US$ 3.291 millones.

La segunda, la adicional es la energía extra que producen las turbinas de Itaipú, la cual se vende a un precio menor de US$ 6 el MWh, lo que genera solo para la hidroeléctrica paraguayo-brasileña un ingreso adicional de US$ 90 millones en promedio.

“Sumando ambas energías (garantizada y adicional a la garantizada, en total 90.000.000 de MWh) el Costo del Servicio de Electricidad aumenta a US$ 3.381 millones y la tarifa de la electricidad disminuye a US$ 37,56 el MWh”, indicó González.

De esta suma total, los US$ 3.381 millones, la Itaipú cubre sus gastos como utilidades de capital, pago de préstamos, royalties, pagos por resarcimientos de cargas de administración y supervisión, pagos por gastos de explotación, quedando un remanente.

“Los gastos de explotación, en constante aumento (inicialmente era de US$ 250 millones, y actualmente es más US$ 850 millones), son la fuente de donde provienen los gastos sociales. Pagados los salarios, seguros, mantenimiento, etc., sobra un dinero, parte de los gastos de explotación administrados por la margen izquierda (Brasil). El dinero sobrante, al igual que royalties, resarcimientos y utilidades de capital deben repartirse igualitariamente”, puso.

Este ingreso adicional es lo que no está contemplado en el tratado de Itaipú, y por ende, desmiente así los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo sobre la ilegalidad de incluir los gastos sociales en el Presupuesto Nacional de Gastos.

“El gobierno de Mario Abdo Benítez miente. La iniciativa no viola la Constitución Nacional, ni los tratados de Itaipú y Yacyretá”, recalcó la legisladora.

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