El ministro de Hacienda y jefe del Equipo Económico Nacional (EEN), Óscar Llamosas, insistió en que el presupuesto sancionado es “administrable”, a pesar de los aumentos incluidos en el Congreso y, por ello, descartó la posibilidad de plantear un veto total o parcial.
Esta posición fue reiterada ayer en una conferencia de prensa llevada a cabo en la cartera fiscal, de la cual también participaron los viceministros: de Administración Financiera, Marco Elizeche; de Tributación, Óscar Orué; y de Economía, Carmen Marín; y la directora de Presupuesto, Teodora Recalde Spinzi.
Llamosas explicó que de aplicarse un veto total quedará vigente el actual presupuesto 2020, que es de emergencia; en tanto que el veto parcial no es recomendable porque generará más complicaciones que soluciones, como sucedió en años anteriores cuando se optó por esto.
Aclaró que están en desacuerdo con los mayores gastos aprobados por el Congreso, porque vuelven más rígido el presupuesto y ratificó que buscarán “neutralizar” los incrementos con las herramientas legales que disponen, como el decreto reglamentario, el plan financiero y el plan de caja.
Los demás incrementos que no puedan ser neutralizados con estas herramientas señaladas, se “mitigará” su impacto en las finanzas públicas postergando su implementación, aseguró Llamosas.
Dijo que el plan financiero será estricto y se elaborará sobre la base de los ingresos estimados en el proyecto del Poder Ejecutivo, tanto en lo que respecta a recursos del Tesoro como recursos institucionales.
En cuanto a las subas salariales que fueron incluidas durante el estudio del PGN 2021, como el caso de los denominados “aumentos mau”, dijo que no se pagará si no se cumple con el requisito del concurso establecido en la Ley de la Función Pública. “Mientras esos procesos no se cumplan, no van a ser asignados los aumentos”, reafirmó y luego señaló que en caso de cumplirse, se iría aplicando recién en el segundo semestre. Se le preguntó qué medidas tomarán con el incremento salarial dispuesto para funcionarios del Senado y del Congreso, a lo que respondió que están analizando la situación jurídica, pero si no se puede aplicar la disposición porque se exceptuaron, se pretende postergar su implementación.
El proyecto de ley de presupuesto sancionado por el Congreso asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), atendiendo que incluye aumentos en gastos corrientes y dentro de este grupo, principalmente, gastos rígidos relacionados a servicios personales y más endeudamiento.
El Ejecutivo había presentado un presupuesto de G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones), que luego fue creciendo en las diversas instancias de análisis: primero en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que le sumó G. 5,7 billones (US$ 816,8 millones) con el aval de Hacienda; Diputados le agregó G. 440.668 millones (US$ 62,1 millones) y el Senado G. 239.182 millones (US$ 33,7 millones) más.