La ley de presupuesto sancionada por el Congreso prevé el pago de aumentos salariales para diversos sectores, entre ellos para un grupo de funcionarios de nueve instituciones que forman parte de la administración central y de las entidades descentralizadas.
El incremento fue introducido en la Cámara de Senadores, en las sesión del 25 de noviembre, cuando se trató el proyecto de presupuesto para el próximo año y, luego, en la segunda vuelta del estudio la Cámara Baja decidió aceptar las modificaciones y sancionó la ley con todos estos beneficios para un sector del personal público.
El presupuesto sancionado pasó a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación, pero el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya adelantó que no se planteará el veto y se buscará “neutralizar” los mayores gastos mediante el decreto reglamentario, el plan financiero y el plan de caja.
Con respecto a los “aumentos mau”, el titular de la cartera fiscal reafirmó que no se abonará si las instituciones no realizan un concurso público, como manda la ley para obtener el mayor beneficio.
El costo del incremento salarial supera los G. 6.497 millones (US$ 916.243), que deberá ser financiado con los recursos genuinos que aportan los contribuyentes a través de los impuestos, una carga más sobre la espalda de un sector privado muy golpeado por la pandemia del covid-19.
Las subas se conocen como “aumentos mau” debido a que fueron previstos por el Congreso en el presupuesto 2019 y se repitió en el presupuesto 2020, modificando los anexos de personal de las instituciones para favorecer a los “operadores políticos”.
Los datos de aquel entonces indican que la suba salarial fue concedida hasta un 250%, para unas 1.595 personas, sin que estas hayan concursado por una mejora como lo establece la Ley de la Función Pública. De la movida no se supo hasta que a fines de enero, cuando Hacienda debía pagar el salario del primer mes del año 2019, saltaron en el sistema de recursos humanos la variación salarial para este selecto grupo de funcionarios.
El Ejecutivo ya en aquel entonces, a través del Ministerio de Hacienda, tomó la decisión de no abonar porque no fueron otorgados por concurso y desde entonces liquida mensualmente el sueldo de los funcionarios beneficiados con el mismo monto percibido hasta diciembre de 2018. Los afectados, incluso, plantearon acciones de inconstitucionalidad, pero el fisco se mantuvo en su posición.
El presupuesto 2021 también prevé un aumento salarial para funcionarios dela Cámara de Senadores y del Congreso, que fue incluido a pedido del presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), a contramano del ajuste de cinturón que la ciudadanía exige para el sector público. Este incremento, también cuestionado, costará más de G. 13.747 millones (US$ 1,9 millones).
Los números del PGN 2021
El proyecto de presupuesto sancionado, finalmente, asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), atendiendo que la Cámara de Senadores incluyó aumentos en gastos corrientes y dentro de este grupo, principalmente, gastos rígidos relacionados a servicios personales y más endeudamiento. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, había presentado inicialmente un proyecto de presupuesto al Congreso de G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones) y avaló gran parte de los incremento dispuestos por la Cámara de Diputados que llevó el monto a G. 92 billones (US$ 12.976 millones).