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La Ley Nº 6707 que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el covid-19 fue promulgada ayer. ¿Cuándo llegarán? Ahora depende de la velocidad de negociación del Gobierno en dos frentes: directamente con las farmacéuticas internacionales y de gobierno a gobierno. La tercera vía es el sistema Covax.
La aprobación del proyecto de ley tuvo un rápido tratamiento en el Congreso Nacional, primero en la Cámara de Senadores y su sanción se dio el miércoles 13 en Diputados. Dicha normativa fue presentada por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.
La ley sancionada autoriza a esta cartera de Estado a negociar y firmar contratos con las farmacéuticas privadas directamente, tal como lo realizan otros países, sin depender exclusivamente del mecanismo Covax establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sobre el hecho de que la ley acepta la jurisdicción de tribunales extranjeros, se aclaró que quienes tengan efectos adversos tras aplicarse la vacuna podrán recurrir a los tribunales de nuestro país porque no se suspenden la vigencia del Código Civil ni del Código Procesal Penal.
Respecto a la cláusula de “indemnidad patrimonial” que en principio liberaría a los laboratorios de tener que pagar indemnizaciones, se especificó que eso no tendrá vigencia en caso de maniobras fraudulentas o conductas maliciosas o negligentes por parte de las corporaciones farmacéuticas.
Acerca de la discutida cláusula de confidencialidad, se establece que regirá siempre que no implique violación de la ley de acceso a la información vigente.
Para un mejor control, la ley también establece la participación del procurador general de la República para hacer un seguimiento de los procesos de negociación, así como la participación de la Contraloría General de la República, institución que deberá recibir todas las documentaciones referentes a los acuerdos con las empresas privadas a fin de dictaminar sobre las mismas. También las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso tendrán acceso a esos documentos.
El artículo 6º recalca que la vigencia transitoria de esta ley es durante la emergencia sanitaria. Es decir, hasta el 30 de junio del 2021.