El jefe del Equipo Económico volvió a insistir que el proyecto de ley de subsidio a comerciantes de frontera con Argentina que se estudia en el Congreso tiene serios problemas para su implementación porque presenta una redacción muy general, según un informe de prensa que dio a conocer ayer la cartera de Hacienda.
Llamosas manifestó, añade la nota, que desde el Gobierno no están en contra de seguir ayudando a los sectores afectados por la pandemia, pero debe ser con un proyecto focalizado y que presente una fuente de financiamiento clara.
Adelantó que se está evaluando una propuesta alternativa con montos más razonables considerando que, al no tener ni una cantidad potencial de beneficiarios, se pueden tener inconvenientes ya con el primer pago.
En cuanto al financiamiento, reiteró que los recursos de la ley de emergencia están comprometidos en su totalidad, y que si bien hay un saldo del programa Pytyvõ 2.0, no será suficiente para atender a todo lo que plantea la referida ley.
El ministro de Hacienda ya había señalado anteriormente sus críticas porque es una ley muy general y, en realidad, así como fue aprobado por el Senado costaría unos US$ 60 millones.
Explicó, indica la nota, que el proyecto de ley tiene dos componentes: un subsidio a comerciantes donde se establecen 3 pagos de G. 3.000.000 y otro para trabajadores de 3 pagos de G. 500.000.
Rechazo
El proyecto de ley fue aprobado primero por la Cámara de Diputados para beneficiar a cinco ciudades en la frontera con Argentina: Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas.
Luego la Cámara de Senadores le sumó otros once distritos y durante la discusión del tema en plenaria, se abrió la posibilidad de que se utilicen unos US$ 10 millones de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para financiar el subsidio a comerciantes.
La propuesta del Senado genera el rechazo de diversos sectores; desde el IPS el gerente de prestaciones económicas, Pedro Halley, sostuvo que es absolutamente inconstitucional tocar estos fondos para otros fines que no sean el beneficio de los asegurados.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a través de su asesor Hugo Cataldo, se pronunció también al respecto señalando que el dinero del IPS es de los aportantes y los jubilados, no se puede usar fuera de ese ámbito y alertó que de utilizarse se estaría cometiendo lesión de confianza.