Juicio de OGD y su hijo continúa con pruebas documentales

El juicio oral y público del exsenador colorado cartista Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves continúa en la fecha con la producción de pruebas documentales. El viernes no se pudo llevar a cabo la audiencia debido a que la jueza Yolanda Morel entró en cuarentena preventiva luego de mantener contacto con un funcionario que dio positivo a coronavirus.

Durante el fin de semana la magistrada se realizó el hisopado y dio negativo al virus, razón por la que la presidenta del tribunal de sentencia, Yolanda Portillo, fijó para hoy la continuidad del juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, que enfrentan OGD y el concejal de Luque por el Partido Colorado.

En la última audiencia, realizada el jueves, se llegó a producir hasta el tomo 9 de los 80 que tiene el caso del exparlamentario y su hijo, según confirmó el fiscal Francisco Cabrera, quien junto a sus colegas de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Rodrigo Estigarribia representan al Ministerio Público.

El caso

Según la acusación fiscal, en el caso del exsenador el presunto enriquecimiento supera la suma de G. 6.000 millones, que no tiene correspondencia y sobrepasan las capacidades económicas legítimas del acusado.

En el caso de Óscar Rubén González Chaves la acusación es por un supuesto enriquecimiento ilícito de más de G. 51.000 millones y 82.000 dólares, mediante cuentas bancarias que de acuerdo a la acusación fiscal no agregó en la declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República.

Sobre el lavado de dinero el Ministerio Público afirma que el hecho fue cometido por los acusados a través de la firma Príncipe Di Savoia SA, una empresa de fachada que fue utilizada por el clan para justificar la adquisición de propiedades, pero la firma no poseía movimiento en su cuenta bancaria a pesar de la supuesta actividad comercial y la cantidad de operaciones de alquiler que realizaba y administraba.

Respecto a la declaración falsa, la acusación de los fiscales encargados de la investigación resalta que los acusados presentaron declaraciones juradas ante la Contraloría que no coinciden con su realidad patrimonial, ya que omitieron cuentas bancarias, inversiones en depósitos de ahorro y bienes muebles e inmuebles.