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El 11 de marzo último, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente, con matrícula profesional número 832, presentó una nota en la jefatura departamental de la Policía Nacional en Itapúa solicitando respaldo para realizar un desalojo dentro de una propiedad privada, en Mayor Otaño.
El oficial de justicia Lafuente presentó ante la jefatura departamental la copia de una orden judicial fechada el 3 de agosto de 2020, firmada por el juez Miguel Angel Riquelme, donde se intima el desalojo de un inmueble perteneciente a inversionistas alemanes.
El mandato judicial establece en forma expresa una validez de 30 días. Al respecto dice: “El presente mandato tendrá una validez de 30 días a partir de su retiro de la secretaría”. El documento tiene fecha 3 de agosto de 2020 y carece de valor alguno.
El oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente pretende respaldo policial para dar cumplimiento a una orden caduca, en representación de la firma Barcos SA, cuyos directivos pretenden tomar posesión de la propiedad de la familia Kaufmann Reymann, legítimos propietarios de un inmueble de 1.000 hectáreas en el distrito de Mayor Otaño, utilizando un título de propiedad falso.
La asesoría jurídica de la Policía Nacional se expidió sobre el tema y recomendó “no brindar acompañamiento policial para el procedimiento”. La decisión final es responsabilidad de la comandancia departamental.
La Dirección General de Registro Público y la Dirección de Registro Civil confirmaron la falsedad del título de propiedad de Barcos SA. El Registro Público llegó a presentar ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para el inicio de una investigación penal sobre la falsificación del documento en poder de Barcos SA.
La jueza Mafalda Cameron Luque tiene a su cargo el proceso judicial que gira en torno a Barcos SA y sus directivos. Cómo parte de las medidas judiciales existe una prohibición de innovar y contratar el documento cuya validez es cuestionaba.
A pesar de ello, los directivos de Barcos SA están ofertando el inmueble que pertenece a los inversionistas alemanes, en abierto desacato al mandato judicial. El fiscal Walter Castro, de Mayor Otaño, dilata la apertura de una investigación de desacato beneficiando con su inacción a quienes pretenden negociar una propiedad que no les pertenece.
El título de propiedad de Barcos SA fue confeccionado el 2 de octubre de 2003, con la firma de Plinio Kleeman. El problema es que Kleeman murió el 6 de diciembre de 1997 según consta en el certificado de defunción expedido por la Dirección de Registro Civil.
Días pasados, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente solicitó respaldo policial para dar cumplimiento a una orden de desalojo caduca, firmada por el juez de Yuty Miguel Angel Riquelme. El juez Riquelme se encuentra bajo investigación del Jurado de Magistrados y la Superintendencia de la Corte Suprema por otorgar validez a un título de propiedad firmado por un muerto.