Indagan firmas que obligaron a trabajar a gente suspendida

El director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Bogado, informó ayer en conferencia de prensa que tras denuncias anónimas, se abrió de oficio una investigación para indagar si realmente empleadores que solicitaron la suspensión laboral de sus trabajadores, les obligaron a seguir operando y cobraron subsidio del Estado.

Para ello, se toma una muestra del 30% de las 18.000 empresas que se acogieron al beneficio, que son 6.000 compañías aproximadamente. El gerente de Prestaciones Económicas, Pedro Halley, indicó que en 15 días se sabría la cantidad de firmas que habrían cometido alguna irregularidad. Una vez que se tenga ese resultado se definirá si hay falta administrativa o requerirá una denuncia penal.

Bogado recordó que la suspensión es una figura nueva, consiste en un pago del 50% del salario mínimo a trabajadores cuyas empresas se vieron obligadas a cerrar por la pandemia, al verse imposibilitadas de facturar y cumplir con sus deudas.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, se mostró sorprendida ayer e indicó que este año no recibió ninguna denuncia similar. Dijo que el IPS es la institución responsable de corroborar la legalidad de los pagos e indicó que la gente puede acercarse a la institución a denunciar irregularidades. Rememoró que existe la figura de suspensión parcial de las actividades.