El BCP pagó bonificación extra de casi G. 9 millones a cada funcionario

Mientras en el sector privado miles de empresas y trabajadores sufren los estragos de la crisis que deja esta pandemia en su peor momento, con aumento del desempleo y emprendimientos quebrados, muchas instituciones públicas se dan el lujo de pagar bonificaciones extraordinarias a sus funcionarios en un momento crítico de la economía y en contramano de las políticas de contención de gastos que tanto pregonan.

Las bonificaciones pagadas en este caso por el Banco Central en el mes de febrero corresponden por un lado a un subsidio por “ayuda alimentaria” equivalente a un salario mínimo de G. 2.192.839; y gastos médicos extraordinarios por valor de G. 6.578.517, según se puede observar en la nómina de personal permanente y comisionado que obra en el portal digital de la banca matriz. Ambos conceptos alcanzaron G. 8.771.356 de pagos adicionales que recibió cada funcionario en el citado mes. Considerando que en la nómina figuran 747 trabajadores que recibieron estos beneficios, se estima que el gasto por esos conceptos llega a G. 6.552 millones (un millón de dólares).

Ayuda escolar por cada hijo

Por otra parte, los pagos extras en el BCP continuaron en marzo último, y esa vez el concepto fue por “ayuda escolar” establecida en G. 2.192.839 por cada hijo menor, según se puede apreciar en la plantilla de funcionarios del BCP correspondiente al tercer mes del año. Un total de 277 funcionarios fueron beneficiados con ese subsidio que, dependiendo de la cantidad de hijos, recibió un adicional de entre G. 2.192.839 (1 hijo) y G. 15.349.893 (siete hijos). Según se pudo constatar, solo los miembros del directorio y presidente fueron excluidos de recibir dicho plus.

El BCP ya fue blanco de críticas por estos tipos de pagos extras debido al elevado nivel salarial que gozan sus funcionarios, como ayuda vacacional y otros que fueron eliminados del Presupuesto 2020; incluso presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos del decreto reglamentario del PGN 2020, donde se establecía la limitación a los pagos extras para todas las instituciones públicas. El argumento utilizado en esa oportunidad es que el BCP es un ente autárquico, se financia con recursos propios y que el Ejecutivo no puede establecer límites a sus gastos.

Los subsidios extras pagados por el BCP a sus funcionarios en plena crisis sanitaria y económica, en el peor momento de la pandemia, se suman a otras instituciones como el Ministerio de Hacienda que también procedió a acreditar a unos 1.200 funcionarios bonificaciones bajo el rubro 131 de “subsidio familiar” por valor de G. 2.192.839 a cada empleado. Esta situación ha generado críticas y reacciones desde el sector privado que ha tenido que sacrificarse en medio de esta crisis, algunos perdieron sus emprendimientos y otros sus puestos de trabajo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unos 266.000 desempleados dejó esta pandemia al cierre del cuarto trimestre del último año.

Mientras que los trabajadores suspendidos en sus puestos laborales reciben del Instituto de Previsión Social (IPS) apenas el 50% del salario mínimo, es decir, G. 1.096.419 mensual, en los entes públicos los funcionarios además de recibir sus sueldos íntegramente, en muchos casos sin necesidad de acudir a sus respectivas oficinas (por la disposición de cuadrillas), también fueron beneficiados con subsidios extras.

Nueva ley de Emergencia

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, autorizó el pago del beneficio a sus funcionarios a contramano de lo que días antes venía anunciando a la ciudadanía, que el nuevo proyecto de ley de emergencia tendría un capítulo de racionalización de gastos y que se impulsaría la reforma del Estado tan reclamada.

Cabe señalar que incluso el año pasado, del préstamo de emergencia sanitaria se destinaron US$ 300 millones para que el Estado cumpla puntualmente con los funcionarios, ya que la recaudación impositiva cayó fuertemente debido a la paralización de las actividades económicas.