CURUGUATY (Rosendo Duarte, corresponsal). Las diferencias entre los dos grupos que ocupan las tierras de referencia se han acentuado en los últimos días, con el cierre de un camino vecinal, situación que pone en un inminente enfrentamiento a los lugareños.
Los hermanos Adalberto y Néstor Castro lideran un sector que se niega a dialogar con el otro grupo, encabezado por Martina Paredes, Darío Acosta y Guillermina Kanonnikoff y llevan realizando cinco días de manifestaciones con cierre de la ruta PY03, frente a Marina Cue, exigiendo cambios de la ley para acceder a más tierras en el lugar.
Pero durante la manifestación llevada a cabo en estos días, los dirigentes del grupo de los Castro cerraron el único acceso y salida a la comunidad, lo que según la queja imposibilitó el tránsito de los integrantes de la otra comisión, quienes debieron caminar larga distancia y recorrer inhóspitos lugares para transportar medicina, alimentos, entre otras necesidades para sus familias.
A raíz de la medida tomada por los hermanos Castro, el grupo de Martina Paredes y Darío Acosta formuló una denuncia ante la Fiscalía de Curuguaty, exigiendo que las autoridades intervengan de forma inmediata a fin de evitar un enfrentamiento que podría derivar en una nueva tragedia de imprevisibles consecuencias, según la denuncia.
Las diferencias se iniciaron cuando Martina Paredes presentó una denuncia por supuesta tala ilegal de maderas dentro de Marina Cue, sindicando al sector de los Castro como responsable, habiendo una prohibición de deforestar el área.
Con el paso del tiempo, el conflicto se fue agravando, con permanentes acechos, hasta el punto de poner en peligro otra masacre en cualquier momento, pero ya entre los ocupantes.
Diferencia de criterios
Los dos grupos antagónicos mantienen posturas totalmente distintas en el marco de la lucha por las tierras en cuestión.
Los hermanos Castro con la comisión que llamaron “Naranjaty”, sostienen que otras 800 hectáreas deben ser anexadas a Marina Cue, porque supuestamente es lo que corresponde, de acuerdo a los datos que manejan, por lo que apoyaron el veto presidencial aprobado en Diputados en la última sesión en busca de más tierras, con lo que ganaron más adeptos que no son familiares de las víctimas de aquella masacre ocurrida en el sitio.
Mientras, la comisión de familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, que preside Martina Paredes, sostiene que solo las 1.700 hectáreas fueron donadas por la Industrial Paraguaya al Estado, y corresponde luchar solo por dicha dimensión, apoyando la entrega a las familias víctimas de los caídos y a aquellos que lucharon por las reivindicaciones.
Se llevaron a cabo varias reuniones buscando el acuerdo entre los dos sectores, pero hasta el momento no se logró ningún acercamiento.
En tanto que desde el Ministerio Público anunciaron que intervendrán en las próximas horas.
La masacre de Curuguaty
El terreno en disputa actualmente en Canindeyú, conocido como Marina Cue, fue el escenario de la peor tragedia civil después de la caída de la dictadura, cuando el 15 de junio de 2012 murieron 11 campesinos y 6 policías en la recordada masacre de Curuguaty. Aquel fue un enfrentamiento que se desató cuando la Policía intentó desalojar a centenares de familias.