Decenas de intendentes en todo el país, cuyos mandatos van del 2015 al 2021, se encuentran procesados por supuestos casos de corrupción. Varios de ellos incluso buscan la reelección (ver el cuadro). Estos jefes municipales arrastran todo tipo de imputaciones ya sea por posible desvío de fondos, fraude en licitaciones o la creación de empresas y “obras fantasma” entre los más comunes.
Otros también soportan denuncias e investigaciones fiscales por presuntas irregularidades. Sin embargo, los jefes municipales, especialmente parejas y parientes de senadores y diputados colorados activos, gozan de una protección política. Estos legisladores presionan “bajo la mesa” a jueces y fiscales impidiendo que sus procesos avancen.
Incluso logran el “blanqueo” con sentencias de absolución en primera y segunda instancias en el Poder Judicial.
Antes de ser blanqueados, también gozan de “libertades ambulatorias” para seguir en el cargo. Esto también se logra gracias a que los procesos se realizan en tribunales regionales y feudos políticos en lugar de los juzgados de Asunción.
Algunos casos
En Ciudad del Este, la exintendenta Sandra McLeod (ANR, cartista) fue blanqueada junto con su esposo, el senador Javier Zacarías, gracias a que la jueza Cinthia María Garcete Urunaga anulara las pruebas contra la pareja.
En Minga Guazú, Digno Caballero (ANR, cartista), esposo de la diputada Blanca Vargas, tiene la investigación fiscal congelada.
En Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR, Añetete), esposa del diputado Esteban Samaniego, nunca fue investigada por la Fiscalía pese a irregularidades detectadas.
En Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), hermano del diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete), tiene procesos por desvío de fondos y apropiación, pero el proceso no avanza. En Ybycuí, Carmen Benítez (ANR, cartista), esposa del diputado acusado Tomás Rivas, pese a ser denunciada y allanada por la Fiscalía, su investigación se paralizó.
Solo por citar algunos otros casos, en Salto del Guairá César Haitter (ANR, cartista) fue blanqueado en plena pandemia y los jueces culparon a los fiscales y viceversa. En Fuerte Olimpo, Sergio Cuéllar (ANR, cartista) fue blanqueado por el juez cartista Pablo Benicio Monges. En Jesús, Itapúa, el hoy exintendente Hernán Adolar Schlender (ANR, cartista) en nueve meses la jueza Clara Ruiz Díaz ordenó la liberación del mismo tres veces, pero finalmente admitió su acusación.