Una eventual aprobación del proyecto en el Senado ante la insistencia de los comerciantes de Ciudad del Este al Congreso y al Poder Ejecutivo, genera preocupación entre los empresarios de nuestra capital, quienes no están de acuerdo con un nuevo régimen de turismo comercial en la frontera.
Tanto la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) como el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) ratificaron esta semana su posición al respecto, la que habían manifestado el año pasado cuando presentaron el proyecto de ley en la Cámara Alta.
Estos gremios, más la Cámara de Proveedores (Capro), la Cámara de Alimentos y Bebidas de Paraguay (CABE), la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba) y la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), el año pasado remitieron una nota al presidente del Senado, Óscar Salomón, en la que le explicaban los motivos por los cuales se oponen al proyecto de ley.
Uno de los puntos sobre el cual hacen hincapié es que el mercado informal en nuestro país equivale al 40% del PIB, por lo que consideran que este tipo de medidas no hará más que contribuir a que ese porcentaje siga creciendo, ya que en condiciones normales las autoridades nacionales fueron sobrepasadas por los esquemas de contrabando de productos de distintos tipos, inclusive durante la pandemia.
A criterio de los gremios, de referencia, en nuestro país no existen las condiciones logísticas, burocráticas ni legales para que cumpla el proceso comercial señalado en el proyecto. “Si nuestras fronteras son permeables, ya directamente el control al interior de nuestro territorio es casi inexistente. Basta recorrer los puestos comerciales de las áreas urbanas”, indica la nota.
Los gremios también señalaron que una reforma de este tipo debe ser abordada con muchísimo cuidado por sus posibles implicancias en el sistema de libre concurrencia y, advierte, que la aprobación significaría de facto tener dos regímenes aduaneros en el Paraguay, lo cual es inadmisble, en materia administrativa nacional y del Mercosur.