El proyecto fue presentado por los senadores del Partido Patria Querida Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa, tras la lluvia de críticas en las redes sociales contra la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Gobierno, por el cobro de este tributo a los servicios educativos prestados a través de plataformas tecnológicas.
Plantean suspender por 12 meses la vigencia de las disposiciones previstas en los artículos 81, numeral 2, inciso i); 84, numeral 5 y 85 numeral 6 y concordantes de la Ley Nº 6380/19 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional (ver cuadro).
La idea es que en este tiempo el Ejecutivo analice los problemas y las posibles soluciones, señalan los proyectistas en su exposición de motivos.
Numerosas personas se vieron sorprendidas cuando al pagar con la tarjeta de crédito un curso en el exterior desarrollado por intenet, se les retuvo el 10% correspondiente al IVA, una medida establecida en las normativas que pasó inadvertida cuando dieron a conocer la reglamentación de los servicios digitales.
Algunos lo calificaron como el peor impuesto del mundo, porque muchos deben pagar cursos por su profesión y apuntaron a la SET como un ente meramente recaudador; otros dijeron que la SET y todo el Gobierno ya no sabe como generar dinero para pagar sus millonarios salarios, gastos particulares de funcionarios; también se apuntó a que el Gobierno no genera nada, excepto formas creativas de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes.
Además indicaron que el Estado cobra una fortuna por cosas que no hay el país, desestimulando el consumo y la formación académica, en tanto que otra persona señaló que están desesperados (a los del Gobierno) porque ya se les está terminando el dinero para pagar los sueldos.
Los proyectistas argumentan que la falta de una reglamentación clara y precisa por parte del Ejecutivo, así como la dificultad práctica en la interpretación de las resoluciones generales de Tributación, generan en las autoridades fiscales, profesionales de la contabilidad y contribuyentes, más dudas que certezas en el momento de la liquidación y pago del referido tributo. Agrega que la confusión producida por un texto normativo reglamentario complejo y discordante en la práctica da lugar a casos de doble tributación y fuera de la ley.