Gobierno debe informar si aumentará subsidios a empresarios de transporte

El Gobierno había informado una serie de medidas con la cual, supuestamente, busca mejorar el servicio de transporte público en el Área Metropolitana tales como sanciones y pagos de subsidios (sin el previo cobro de las multas a infractores), además de la revisión de la estructura de costos de los empresarios. Sin embargo, hasta ahora no se ven los resultados de estas decisiones, ya que los usuarios del servicio del traslado masivo de personas siguen expuestos a “reguladas” en la frecuencia de los buses y a aglomeraciones en las unidades.

La generosidad del presidente Mario Abdo Benítez, hacia un pequeño grupo de empresarios se hace evidente ante la falta de castigo y se acentúa al negarse información referente a la “reforma de la tarifa técnica”, así como a las acciones que realizarán desde este análisis, así como el historial de infracciones solicitado con el expediente N° 40.788.

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había anunciado “decisión firme” de no pagar más por buses sin ruedas, sino sólo por aquellos en actividad, que sería el 70%. Luego se retractó al calificar a los rodados inactivos como “capital inmovilizado” y que están de reserva, recalcando que todos los colectivos tienen aprobado la Inspección Técnica Vehicular (ITV), a pesar de que él mismo los vio en su recorrido de verificación de flota en las empresas.

En cuanto a la fórmula que establece el precio del pasaje y subsidio, el viceministro, indicó que de los valores actuales de las variables involucradas hoy deriva que el precio del pasaje supera los G. 4.000 y G. 5.000, buses convencionales y diferenciales, respectivamente, con un 18% de renta. Aclaró que a pesar de estos datos no se subirá el pasaje que debe ser abonado por el usuario, pero no da detalles sobre los montos del subsidio.

Sánchez indicó que la revisión de la tarifa técnica estuvo a cargo de la consultora MF, de Manuel Ferreira, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los técnicos indicaron que el trabajo consistió en la verificación los documentos proporcionados por transportistas y lo contrastaron con los valores del mercado. Señalaron que el cálculo se divide en dos grupos, que son los gastos variables, que representan el 53% y de ese porcentaje, el 33% corresponde a combustible. Luego fijos, que representan el 33%, e incluye salarios, canon, y otros, y el porcentaje restante es la definida para la renta del servicio (ver cuadro), es decir, el Estado subsidia la ganancia de los empresarios y no solo los gastos operativos.

Además, para establecer los gastos e ingresos necesarios para cubrir la operación se asume que los empresarios se apegan a sus obligaciones. Las “reguladas” es una reducción de gastos al disminuir la cantidad de redondos de los buses, dejando así una demanda no atendida, la de las personas que no pudieron viajar lo necesitaron.

De esta manera, la gente perjudicada por los empresarios está invisibilizada ante el Estado, pero de igual manera su dinero, producto de impuestos, termina en los bolsillos de los transportistas con los pagos de subsidios.

US$ 1 millón de más en 3 meses

El primer trimestre del 2021, el Estado destinó más de G. 18.000 millones en subsidios por flota total declarada, que son 1.943 buses. De esta cifra, 704 no circularon, pero de igual manera se pagó G. 6,6 mil millones, casi US$ 1 millón al cambio actual. La CGR advirtió en 2020 que hubo desembolsos por unidades sin la Inspección Técnica Vehicular (ITV), informe Nº 626/19. Pese al aviso, no hay gestiones para recuperar el dinero público.