La Fiscalía de Caacupé abrió una investigación sobre el “supuesto hecho punible contra la prueba documental y otros”, tras la denuncia de la señora Emilia Ovelar Giménez, por clonación de facturas. La misma es propietaria de la Distribuidora Santo Domingo, ubicada en el departamento de Cordillera.
Emilia Ovelar se enteró del hecho luego que el concejal Roque Ávalos (PLRA) la contactara para confirmar que la ONG CIAP hizo compras de la distribuidora para ejecutar obras pagadas por la Gobernación de Central. La propietaria de la firma aseguró que el Centro Integral de Apoyo Profesional no es cliente suyo.
En el marco de esta investigación, el edil departamental Roque Ávalos, fue convocado por el fiscal Gustavo Sosa Ibarrola para una declaración testifical. En la ocasión, el concejal liberal manifestó que ejerciendo su rol de contralor sobre la gestión de la Gobernación del departamento Central, analizó las facturas presentadas en la rendición de cuentas de la institución departamental y descubrió dos facturas a nombre de la firma Santo Domingo, que llamaron su atención, ya que la empresa se encuentra en otro departamento y no en Central.
Por tal motivo, contactó a la dueña de la distribuidora, Emilia Ovelar, quien confirmó que la ONG CIAP no es cliente de la empresa y que sus facturas fueron clonadas. Pues, las originales pertenecen a otros clientes y los montos de compras son menores a G. 278 millones, valor de las facturas apócrifas.
Las facturas clonadas están hechas a mano y pertenecen a la Distribuidora Santo Domingo, de donde supuestamente la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), adquirió artículos eléctricos por un valor de G. 208.865.455, según la factura Nº 0005477 de fecha 5 de enero de este año; y materiales de construcción por un monto de G. 69.621.813, según el detalle de la otra factura Nº 0005479 de fecha 5 de enero de 2021. Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción, y no a la venta de materiales de construcción.
Según los datos, la distribuidora se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción y no a la venta de materiales de construcción. Estas no son las únicas facturas clonadas a nombre de CIAP, ya que otras empresas también denunciaron la clonación de sus comprobantes.
Sin embargo, las facturas originales emitidas por la firma Santo domingo son la Nº 0005477 de fecha 31 de julio de 2020 a nombre de otro cliente, por un valor de G. 1.137.000 y la factura Nº 0005479 también es de fecha 31 de julio del 2020 a nombre de otro cliente que hizo compra por un monto de G. 7.000.000.
La ONG mimada de la Gobernación de Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), representada por Tadeo Álvarez Cristaldo, cometió groseros errores al intentar justificar el uso del dinero recibido de la institución departamental para la ejecución de ejecución de obras.
El gobernador Hugo Javier González (colorado cartista), autorizó la transferencia de G. 5.000 millones a favor de CIAP, de los fondos de US$ 1.000.000 otorgado por el Ejecutivo el año pasado para la reactivación económica en el departamento Central durante la pandemia.
Según los cuatro comprobantes de transferencia, la institución departamental desembolsó el dinero en fecha 5 de febrero de 2021, sin embargo, las compras fueron realizadas el 5 enero de 2021, un mes antes.
Gobernador alega persecución política
El gobernador de Central, Hugo Javier González, colorado cartista, se lavó las manos en el caso de las facturas clonadas que forman parte de su rendición de cuentas, y aseguró que ni él ni la Gobernación tienen “responsabilidad jurídica” en caso de que se compruebe la ilegalidad de los papeles.
El cartista Hugo Javier, alegó “persecución política” por parte de los concejales departamentales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, ambos liberales y denunciantes de las irregularidades.
La Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), ya investigan la rendición de cuentas del gobernador de Central. Al respecto, el director de la Dirección de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Mario Florenciáñez, manifestó que el análisis de los documentos podría culminar en 45 días hábiles, que corren desde el momento de la notificación emitida a Hugo Javier (20 de mayo). No descarta que el periodo pueda prolongarse mediante una prórroga.