Deuda con mujeres, ollas populares y niñez

Aníbal Cabrera director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) dijo que el Estado sigue en deuda con las niñas, niños y adolescentes del Paraguay, y que los datos del tercer informe de gestión del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no condicen con la realidad que se vive a diario en las comunidades más vulnerables del país.

Niñez

“La violencia y la pobreza extrema han recrudecido en el grupo de población de niñas, niños y adolescentes, que representa a 35 de cada 100 habitantes del país”, refiere. Añade que la falta de coordinación de las políticas públicas a nivel nacional, seguida de los escasos presupuestos para sostener esas políticas, es cada vez más alarmante y se evidencia mucho más en la crisis del sistema de salud: miles de familias han perdido a sus seres queridos por la inoperancia del Gobierno en gestionar los servicios y en proveer a tiempo las vacunas.

“Niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas constituyen la población más vulnerable y menos protegida: hemos sido testigos de cómo han sido desalojados de sus tierras en procedimientos policiales y fiscales cuestionados e incluso ilegales, con viviendas y escuelas destruidas, teniendo que acampar al costado de las rutas o en plazas a la espera de respuestas institucionales insuficientes que se limitan al asistencialismo sin tener en cuenta los factores causantes de estas expulsiones”, critica.

Pura Zayas coordinadora general de la Asociación Callescuela, dijo que el informe del presidente no refleja la realidad, que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, en especial los que son parte del 30% de la población paraguaya en situación de pobreza. “Con ese sector hay también deudas en políticas públicas que le garanticen integralmente sus derechos. Incluso contar con un Plan Nacional aprobado, les fue negado en este tiempo”, critica.

Lea más: Salomón dice que Abdo Benítez fracasó en salud, seguridad y educación

Mujer

Por su parte, Myrian González, investigadora social y directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) señala que cuando Abdo habla de números primero tiene que decir “así estaba la situación en el 2020, estos son los problemas y estas son las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad” y a partir de ahí a que población atendió el Estado paraguayo. En lo referido a la igualdad de género se mencionan números pero sin tomar como base los problemas. “Respecto a la cuestión de la violencia, si bien durante el año de pandemia se habilitaron una o dos oficinas más de atención para la prevención, la protección de las mujeres víctimas de violencia eso no ocurrió en el interior del país. No tenemos en el Paraguay hasta ahora servicios que puedan monitorear a nivel local situaciones de violencia que viven las familias de manera a ir haciendo un seguimiento y tomar medidas que eviten llegar al feminicidio”.

Ollas populares

La socióloga Mary Lezcano, de la Plataforma Social de Derechos Humanos manifestó que en el informe, “el presidente de la República, menciona el apoyo y la asistencia a las ollas populares, un programa que se ganó la ciudadanía con la aprobación de una ley que combate el hambre en la emergencia sanitaria en nuestro país”. Sin embargo, su aplicación y su proceso de ejecución fueron insuficientes. Tampoco se cumplió cabalmente, ya que la misma indicaba que debía priorizar la adquisición de alimentos de la agricultura familiar con procedimientos accesibles que garanticen las compras de alimentos perecederos y esta forma sostener unos de los sectores olvidado durante esta pandemia.

Lea más: Reclaman víveres a Itaipú en multitudinaria manifestación sobre la calle España

El informe tampoco menciona la aplicación de esta ley que debió ejecutarse desde una de las instituciones más ineficientes como INDI. “Dónde esta el dinero destinado a ollas populares, G. 10 mil millones. ¿Qué pasó con eso, por qué no llegó la alimentación en las comunidades indígenas?”, finaliza.