Llaman la atención por inacción de autoridades en el caso Cecilia Cubas

La lectura de la sentencia del acusado del secuestro y crimen de Cecilia Cubas Gusinky se realizó el martes 29, al día siguiente del secuestro del joven Jorge Ríos, asesinado por la Agrupación Campesina Armada (ACA) el sábado último.

El relato de testigos revivió toda la angustia que se apoderó de la familia de Cecilia desde el 21 de setiembre del 2004, fecha en que produjo la toma de la joven empresaria de 31 años y también dejó en evidencia la falencia de las autoridades.

En este sentido, el presidente del Tribunal de Sentencia Carlos Hermosilla destacó el relato del entonces fiscal general del Estado, Oscar Latorre de esta manera:

“Latorre dijo que en la reunión del 13 de enero del 2005 tenía infiltrados y tenía todo preparado con policías y con militares para allanar esa reunión y apresar a la mayor cantidad de personas posible.

Dijo que “seguramente eso no iba a ser suficiente para rescatar con vida a Cecilia, porque no sabíamos donde estaba Cecilia, pero sí nos iba a evitar muchos dolores de cabeza en el sentido a mayor cantidad de delincuentes apresados en esa reunión, nos evitaríamos hechos punibles posteriores como de hecho ocurrió y siguen ocurriendo.”

Lo grave que denunciaba Latorre es que cuando él dio la orden para que realizan ese allanamiento, no encontraron policías ni militares para realizar el operativo. El operativo se frustró, la información se filtró, los integrantes de esa reunión se dispersaron y ahí perdimos el control de la situación.

Este es un hecho sumamente grave que preocupa a este Tribunal de Sentencia y merece un llamado de atención a quienes corresponda porque este mal endémico que tenemos sigue tan vigente como en aquellos días, prueba de ello es el último acontecimiento que ocurrió anoche y no hace falta que entre en detalles”.

“Nunca consideraron liberarla”

Carlos Hermosilla, presidente del Tribunal:

“Es un crimen realmente atroz, es un crimen horrible y cualquier calificativo no alcanzaría realmente para describir lo que esta pobre chica a sus 31 años y con todo un futuro prometedor por delante, le tocó padecer y detrás suyo, a toda su familia.”

“Ellos (la familia) tenían la firme convicción, la esperanza y la ilusión, de que pagado el rescate, la chica sea liberada en la brevedad posible y eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió porque eso no estaba luego en el ánimo de los secuestradores liberar a esta señorita. Ellos agravaron el dolor de esta víctima, de esa familia, porque en realidad nunca manejaron la posibilidad de liberarla.”

Víctima fue enterrada viva

Cecilia Mariana Cubas Gusinky, de 31 años, hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau y de la exsenadora Mirta Gusinky, fue la primera secuestrada a perder la vida en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El 21 de setiembre de 2004, cerca de las 18:45, la empresaria, entonces de 31 años, fue secuestrada a 50 metros antes de llegar a su residencia del barrio Laguna Grande de San Lorenzo.

Los criminales rociaron a tiros la camioneta de Cecilia. Posteriormente, rompieron con un mazo la ventanilla y la sacaron a rastras.

Los captores pidieron US$ 5 millones pero luego bajaron sus pretensiones. El 12 de noviembre de ese año, la familia entregó en Caaguazú US$ 300.000.

El 16 de febrero de 2005, su cuerpo sin vida fue hallado enterrado en una casa de Ñemby, conocida como “casa del horror” tras el macabro hallazgo. La autopsia reveló que Cecilia fue enterrada viva.

Acusado sigue en el Brasil

Óscar Luis Benítez, alias “Ramón” o “Male’i”, huyó del país tras su procesamiento y tras permanecer 12 años con paradero desconocido, fue detenido junto con el también acusado Lorenzo González Martínez, el 24 de noviembre de 2017 en el municipio brasileño de Itaquaquecetuba, ubicado en el estado de São Paulo.

Benítez fue extraditado al Paraguay en 2019, no así González Martínez, quien sigue preso en el vecino país.

González, señalado como uno de los fusileros del Ejército del Pueblo Paraguayo y está acusado de haber participado del secuestro de la joven, dilató su extradición con chicanas, actualmente pendientes de estudio por la justicia brasileña.

En juicio, Benítez se declaró culpable, pidió perdón a la familia y dijo que actuó motivado por un ideología política que ya no comparte, porque se ha convertido al cristianismo. Fue condenado a 34 años de reclusión -24 de cárcel y 10 de medidas de seguridad- por secuestro y homicidio doloso agravado.

Cruce de llamadas fue la prueba madre

En ocasión de explicar los fundamentos de la condena de 34 años para Oscar Luis Benítez, el presidente del tribunal de Sentencia Carlos Hermosilla destacó el minucioso trabajo investigativo realizado por el fiscal Rogelio Ortúzar.

Hermosilla destacó como prueba madre el cruce de llamadas realizado por el perito Lic. Alfredo Zárate, que permitió constatar que Martínez participó en el seguimiento, en la toma de la víctima, en el cobro del rescate y también estuvo presente en la casa de Ñemby, donde Cecilia fue enterrada.

El teléfono atribuido a Benítez fue habilitado a nombre de otra persona con una cédula extraviada. Sin embargo, se comprobó que el acusado lo utilizaba mediante testimonio de su expareja, de la propietaria de la casa que alquilaba y del dueño de un taller, al que intentó vender una camioneta y dejó dicho número de contacto.

“Está suficientemente acreditado que fue utilizado desde el momento mismo del seguimiento de Cecilia hasta el final de los hechos que estamos juzgado aquí y cuando hablo de final, hablo del hallazgo del cuerpo sin vida en la famosa casa del horror ubicada en la ciudad de Ñemby, aquel 16 de febrero del 2005”, explicó el juez, que afirmó que Benítez era el líder del grupo operativo.

“Y estas comunicaciones que empezaron mucho antes del 21 de setiembre del 2004, fecha del secuestro, se fueron intensificando entre Oscar Luis Benítez y otras personas que participaron también en el evento criminal, muchas de ellas condenadas en anteriores juicios orales”, destacó el magistrado.

Hermosilla resaltó que la comunicación intercambiada entre el líder del grupo decisor, Osmar Martínez y su par de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Granda, revelaron que ya en el 2002 habían elegido a Cecilia como blanco del secuestro.