En un fallo dictado la semana pasada, la jueza de la niñez Graciela Rolón declaró a Salvador Paredes Soria y María Luisa García padres adoptivos de Pamela Danice Valenzuela, que a partir de entonces se llama oficialmente Julieta María Paredes García.

La particularidad del caso es que los padres adoptivos ya fallecieron años atrás y en el juicio, lo que logró fue hacer prevalecer el deseo del matrimonio de adoptar a la niña.

La defensora pública Graciela Rojas, quien se hizo cargo del caso en marzo pasado, logró en unos meses lo que los demás operadores de justicia que intervinieron en el caso no hicieron en años.

Rojas explicó que el matrimonio Paredes García inició el juicio de pérdida de la patria potestad en el 2002, pero este concluyó recién en agosto del 2017.

“El problema es que nuestra ley de adopción tiene que dar intervención a la familia ampliada, el trabajo del Centro de Adopciones desde ese punto de vista no fue tan eficiente en el sentido de los tiempos”, indicó, tras destacar que también faltó impulso por parte de los auxiliares de justicia que intervinieron en caso.

En ese sentido, destacó que el matrimonio impulsó el proceso en las distintas etapas, pero la burocracia también dificultó las cosas. El expediente incluso llegó a ir a parar al archivo de Tribunales, antes de su conclusión.

Recordó que la madre biológica de la joven incluso está con paradero desconocido.

“Ella se había ido a Buenos Aires y estaba con paradero desconocido y como tiene que tener derecho a la defensa, se hizo el trámite para que un defensor público represente a la señora”, comentó, tras precisar que el juicio de adopción propiamente dicho se inició en junio de 2019.

Finalmente, la defensora expresó su satisfacción por haber podido concluir esta causa emblemática y abogó por la creación de más juzgados en el fuero de la Niñez y la Adolescencia de la capital, pues actualmente hay solamente seis y la carga laboral es excesiva.

“La verdad que es muy satisfactorio, nos sentimos como institución muy felices de haber logrado una sentencia favorable después de tantos años”, expresó.

La Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría del caso, para individualizar a los responsables de la mora.