CARAPEGUÁ. La Contraloría General de la República(CGR) en virtud a la resolución Nº 1089/2023 realizará auditoría financiera y de cumplimiento, desde el año 2020 de su primer periodo de gestión hasta 30 de setiembre del 2023, de la administración municipal local del intendente Luciano Cañete Galeano (cartista). Es la segunda auditoría que enfrentará el ejecutivo local. En la primera tuvo varias observaciones sobre la cual ya presentó su plan de mejora.
CIUDAD DEL ESTE. Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República se instaló este lunes en esta capital departamental para fiscalizar la obra del edificio de la planta asfáltica construido por la Municipalidad esteña, bajo gestión de Miguel Prieto Vallejos (YoCreo). La verificación se da en el marco de las auditorías aleatorias efectuadas por el ente contralor.
La Contraloría General de la República está buscando indicios de hechos punibles a denunciarse en la Fiscalía, en el marco de la auditoría de 10 años en la provisión de almuerzo escolar por parte de municipalidades, gobernaciones y el MEC. El contralor Camilo Benítez explicó que el trabajo, desarrollado por la Dirección de Auditoría Forense, podría durar “un mes o un par de meses” para luego enviar un reporte al Ministerio Público.
ÑEMBY. La Junta Municipal de este distrito solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una auditaría de la administración del intendente Tomás Olmedo (ANR). La corporación legislativa municipal exigió que Olmedo le remita toda la documentación relacionada a obras y transferencias millonarias a comisiones vecinales. El jefe municipal aseguró que todos los egresos están respaldados.
El presidente del Jurado sorprendió a sus colegas al “informar”, luego de más de un mes de “análisis”, que la dependencia que debía hacer la auditoría a la causa del fallecido fiscal López Lohman, no tiene tal competencia.
El “blanqueo” de las causas penales abiertas por supuesta estafa a clientes de Mocipar y presunto desfalco a la Caja Bancaria serán objeto de una auditoría, dispuso ayer la Corte Suprema de Justicia. Es a pedido del ministro Gustavo Santander ante la llamativa conclusión de ambos casos, a cargo de la fiscala Stella Mary Cano.