CAAPUCÚ. Auditores de la Contraloría General de la República (CGR) se constituyeron una vez más en este municipio a los efectos de realizar la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de los ejercicios fiscales 2021-2022, de la gestión del intendente colorado Gustavo Penayo Arce (ANR). Sin embargo, no fueron recibidos por el titular del ejecutivo, quien dijo estar de viaje por Asunción.
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que la Auditoría General del Poder Ejecutivo se instaló hoy en la institución para iniciar un estudio relacionado al informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), pero que abarque también otras áreas. Entre las irregularidades encontradas por la CGR, solo en el ejercicio 2022, destacan pagos por US$ 158 millones sin documentación respaldatoria y 9.355 equipos que no se sabe dónde están.
La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, detalló que el organismo estuvo realizando más de 110 auditorías de distintas instituciones públicas y, de este total, un “porcentaje considerable” correspondería a situaciones que podrían ser hechos punibles, reveló.
La Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una auditoría al juzgado penal de Garantías de Capiatá, Norma Salomón, tras el escándalo derivado de la detención del esposo de la magistrada el viernes último, con dinero supuestamente de coima solicitada en una causa de violencia familiar. Según la denuncia, el dinero era para que se decrete la prisión del procesado.
CIUDAD DEL ESTE. Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República se instaló este lunes en esta capital departamental para fiscalizar la obra del edificio de la planta asfáltica construido por la Municipalidad esteña, bajo gestión de Miguel Prieto Vallejos (YoCreo). La verificación se da en el marco de las auditorías aleatorias efectuadas por el ente contralor.
La Contraloría General de la República está buscando indicios de hechos punibles a denunciarse en la Fiscalía, en el marco de la auditoría de 10 años en la provisión de almuerzo escolar por parte de municipalidades, gobernaciones y el MEC. El contralor Camilo Benítez explicó que el trabajo, desarrollado por la Dirección de Auditoría Forense, podría durar “un mes o un par de meses” para luego enviar un reporte al Ministerio Público.