Fiscalía aparece un mes después y presionada por cúmulo de pruebas

Tres allanamientos simultáneos realizaron ayer los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en el marco de la denuncia por falsificación de facturas para justificar G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) transferidos a la Gobernación de Central, administrada por el colorado cartista Hugo Javier González. El dinero entregado por el Poder Ejecutivo forma parte del fondo de emergencia por covid-19 y su finalidad era la reactivación económica.

La institución departamental, para cumplir con esa finalidad, no tuvo mejor idea que transferir G. 5.105 millones de esos recursos al Centro Integral de Atención Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, y G. 1.276 millones al Centro Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera. Ambas entidades presentaron en mayo pasado su rendición de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de los fondos.

Luego de la publicación en junio último de los documentos en el sistema de control de la CGR pudo detectarse que la ONG CIAP y el consejo regional presentaron facturas aparentemente apócrifas y de empresas fantasmas para justificar el uso de los millonarios recursos. El escándalo hizo que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) comenzaran una investigación.

Las pesquisas de ambas instituciones públicas confirmaron el uso de comprobantes clonados e incluso un intento desesperado de “blanqueo” tras la presentación de documentaciones completamente diferentes por parte de la institución departamental, a cargo de González.

El grave hallazgo desembocó en la presentación de una denuncia formal el 8 de julio pasado ante el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

Tras 17 días de esta denuncia e incluso más de un mes de los primeros reportes, el Ministerio Público decidió ayer aparecer en la sede de la fundación, ubicada sobre la calle Paraguarí casi Gaspar Rodríguez de Francia de Asunción, y en otros dos estudios contables, en Fernando de la Mora y San Lorenzo, respectivamente. La comitiva incluso ya era esperada por los representantes de CIAP y de los otros sitios, según nuestras fuentes.

El fiscal Rodrigo Estigarribia, uno de los intervinientes, señaló que fueron incautados varios documentos relacionados a las actividades de la fundación. También se allanaron lugares de supuestos contadores, dijo.

Estigarribia intentó justificar la tardía reacción del Ministerio Público diciendo que “el allanamiento es para colectar documentos originales. Pero la hipótesis ya está dentro del sistema de Contraloría, o sea, lo que está dentro del sistema no puede desaparecer porque es un portal y los datos digitales están registrados, por eso no me preocupaba en cuanto a la supuesta presentación de esas rendiciones”, señaló.

Lo curioso es que la intervención fiscal también fue luego de la denuncia presentada por los concejales departamentales liberales Roque Ávalos y Adrián Vaezken. Ambos criticaron el pobre desempeño de la CGR y la Fiscalía, acusándolas de cómplices del gobernador González.