Caso ANR ratifica que Estado ya no puede desentenderse de resguardo de datos sensibles, afirman

La Ley de protección de datos digitales es un reclamo de hace tiempo de organizaciones como Tedic, que advierten sobre el peligro del mal manejo de la información existente en línea, y destaca que no es principalmente obligación del ciudadano el cuidar que sus datos no se violen o difundan, sino es el Estado el que debe regular el uso de dicha información.

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“Esta propuesta legislativa lo que va a ayudar es mejorar de a poco, es un cambio cultural de mejor el cuidado de nuestro datos personales. Es importante entender que la Ley de datos personales protegen no es que protegen los datos en sí, protegen a las personas que están detrás de los datos”, enfatizó sobre lo que busca la Ley, y remarcó que el caso de la ANR es una muestra tangible de los peligros de un mal manejo de datos y también de que deben haber sanciones claras para los que violen los principios de resguardo.

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Yendo al caso específico, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no se hace cargo de la eventual filtración de datos, pese a que se cree que los que se vinculó al padrón de la ANR es el registro nacional de votantes. Para Sequera, lo preocupante es que se planteen otras leyes para que el TSJE maneje otros datos más sensibles, y sin una ley que les imponga cuidados y sanciones, quién se haría cargo ante una eventual filtración más grave.

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“Si ahora se filtró una base de datos de todas las personas del padrón electoral, para luego eso clonarse en otro partido, Qué garantías tenemos de no ocurrirá lo mismo con una información sensible como la biometría, como es el reconocimiento facial, las huellas dactilares; una información que nosotros no podemos reimprimir y es información única y eso es muy difícil de volver atrás”, alertó.

Recordó que de momento el hábeas data es una de las pocas herramientas con la que cuenta el ciudadano para resguardar sus datos o evitar el uso irregular de ellos, pero no es suficiente.

“Nosotros necesitamos no solamente garantías, sino una autoridad competente dentro del Estado que pueda hacer un control, tanto desde el Estado que genera los datos personales, así como también un sector privado que debe ser más responsable al momento de generar esta base de datos”, insistió.

Finalmente dijo que hay que reconocer que al menos la ANR reconoció la vulneración de su base de datos, lo que es parte de una buena práctica que deberían de tener las instituciones que exponen datos privados, aunque esto no los exime eventualmente de responsabilidad.