En conversación con ABC Color, la titular de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (Conarep), que recomendó a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de ley, indicó que dicha iniciativa legislativa cuenta con una serie de errores técnicos que -a su vez- representan un problema de aplicación de la normativa.
Asimismo, Vallejo indicó que es una ley que ya había sido derogada y que ahora pretende ser “revivida”. “Esa ley había sido promulgada y luego fue derogada por la modificación del Código Penal”, afirmó.
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Igualmente, refirió que el problema de la justicia pasa por una cuestión de impunidad y no de la normativa vigente. En ese sentido, señaló que las penas y sanciones administrativas no son aplicadas o -en caso de ser ejecutadas- no condicen con los ilícitos cometidos. “No es un problema del Código Penal”, sostuvo.
Agregó que la solución “es una cuestión del aplicador” o de la persona que ejecuta la ley. Cuestionó -como ejemplo- la baja cantidad de años que solicitaron los agentes del Ministerio Público en el caso del ex senador condenado Óscar González Daher (ANR, HC).
La diputada subrayó que se requiere una predisposición de cumplir la ley por parte de los actores de la justicia para solucionar el problema de la impunidad. “Necesitamos personas que digan: ‘No importa que me echen si hago bien mi trabajo’”, expresó. A la vez, Vallejo indicó que se debe buscar evitar que estos trabajen bajo presión de sectores políticos y poderes de facto.
También sostuvo que la corrupción, así como se da por presiones de poderes fácticos y políticos, es una cuestión personal, de cada funcionario que tiene un cargo en el Estado.
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Tratarán proyecto hoy
Este miércoles, la Cámara de Diputados deberá tratar en sesión ordinaria, convocada para las 08:30, el proyecto de ley que establece que el funcionario -o empleado público- de cualquier clase o jerarquía, nombrado, contratado o electo, que se apropie de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia le hubiese sido confiada por razón de sus funciones o cargo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. También dispone la iniciativa la misma sanción para el que consiente el ilícito.
El proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.