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AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Un sinfín de irregularidades fueron halladas en la rendición de cuentas sobre la ejecución de los G. 6.382 millones que la Gobernación de Central recibió del Ejecutivo para generar fuentes de trabajo durante la pandemia, la realización de obras de infraestructura en espacios públicos y apoyo a hospitales.
El administrador departamental Hugo Javier González repartió el dinero a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud le dio G. 1.276 millones.
Para justificar el uso del dinero ambas organizaciones presentaron facturas clonadas, de compras que no guardan relación con el comercio, facturas contado con fecha anterior al desembolso, facturas a crédito sin recibos de cancelación, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, entre otras anomalías.
El exanimador de fiestas Hugo Javier, desde que asumió al cargo en 2018, contrató incesantemente a varias organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos en los 19 distritos del Departamento Central. En decir, tercerizó casi todas sus obligaciones y hasta llegó a transferir más del 60% de su presupuesto.
Contratación de ONG sería intencional
El abogado penalista consultado manifestó para ABC que la primera cuestión que “se debe resolver es la disposición de los recursos hacia las organizaciones no gubernamentales”, es decir, investigar en qué sustento legal se basa el gobernador de Central, Hugo Javier, para transferir los recursos públicos.
El jurista manifestó que la Gobernación de Central tiene toda una estructura administrativa que es pagada por el Estado y dijo que la Fiscalía debe investigar bajo qué argumento legal Hugo Javier no administra directamente su presupuesto.
Incluso se podría presumir que el administrador departamental recurre a las ONG para evadir su responsabilidad en caso que surjan irregularidades, sostuvo el abogado.
“Hay un hilo conductor que aparentemente se corta intencionalmente, por eso se firman los convenios, entonces, si hay un cuestionamiento, él (Hugo Javier) pueda decir yo no sé, yo no administré”, indicó el profesional en Derecho.
El abogado indicó además que una de las hipótesis sería “que el gobernador haya querido desprenderse de la administración, justamente para que no se lleve ahí el manejo de los fondos y lo primero que se debe analizar es si correspondía firmar esos convenios”.
Afirma que el origen del problema debe ser saber si la Gobernación de Central puede o no puede delegar sus obligaciones contratando a las organizaciones no gubernamentales para que estas ejecuten los proyectos, ya que le está costando mucho dinero a la institución departamental.
Fiscales ignoran pruebas
En relación a la denuncia sobre el uso de US$ 1.000.000, hecha el pasado 8 de julio por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría
de Estado de Tributación (SET), el jurista señaló que “desconcierta la actitud del Ministerio Público y que no entiende qué criterio está usando el fiscal Rodrigo Estigarribia, ya que cuenta con suficientes elementos para imputar en el caso”.
“Llama la atención que los órganos de control del Estado, del Ejecutivo en particular, hacen una denuncia donde señalan que hay indicios de la comisión de delitos y sin embargo, no hay un comportamiento acorde del Ministerio Público respecto al caso. Las clonaciones de las facturas están comprobadas fehacientemente. Los informes de Tributación son instrumentos públicos, es decir, para la Ley hacen plena fe. Entonces son pruebas directas y cómo es que la Fiscalía pasa por alto esta situación”, explicó el penalista.
Suficientes elementos para imputar
ABC accedió al informe preliminar de la auditoría realizada por la Senac y por Auditoría General del Poder Ejecutivo, donde se evidencian graves hallazgos sobre el uso de G. 6.382 millones.
Los auditores dicen una vez más que existen indicios de los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación
de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.
Al respecto, el ministro René Fernández, titular de la Senac y exfiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, cargo que hoy ocupa el agente Rodrigo Estigarribia, dijo que “existen suficientes elementos” para imputar a varios involucrados en el grosero caso.
Agregó que el gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista), no puede huir de su responsabilidad ya que la ley de emergencia lo obliga a él a rendir cuentas sobre el uso del dinero y no a CIAP y al Consejo Regional de Salud.
“Buscan pruebas” sobre Hugo Javier
El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dice no tener dudas sobre las irregularidades en la rendición de cuentas sobre el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) transferidos a la Gobernación de Central, a cargo del cartista Hugo Javier González. Sin embargo, afirmó que la investigación está centrada en encontrar si existió o no un perjuicio patrimonial a la institución departamental.
La transferencia del millón de dólares fue en el marco de la reactivación económica para realizar obras de infraestructura y generar fuentes de trabajo en el Departamento Central durante la pandemia.
El gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), repartió el dinero entre dos organizaciones “sin fines de lucro”. El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, percibió G. 1.276 millones
Pero, en la rendición de cuentas de Hugo Javier aparecen facturas clonadas de empresas que no existen en las direcciones declaradas, de contenidos que no corresponden, entre otros hechos.
El fiscal Francisco Cabrera señaló durante el programa Mesa de Periodistas, emitido por ABC TV, que “no existe ninguna duda” respecto a las facturas individualizadas “que presentan diferentes tipos de irregularidades. Algunas de contenido, otras de clonación y otras que no se corresponden a la actividad”, aseguró.
El agente dijo además que “probar la producción (de las facturas) es más difícil” que probar quién las utilizó.
“Que la persona que utilizó corresponde a una facción o le corresponden la fundación en el momento de su rendición. Claramente esa parte del hecho está probado y es claro, pero nosotros como órgano investigador no queremos quedarnos solamente en investigar a la fundación”, insistió.
El fiscal Cabrera indicó que desde el principio el principal interés mediático y público de la Fiscalía y de la misma sociedad “es saber qué pasó con esa plata, pero del lado, también de la Gobernación”.
“Por eso de repente la investigación tarda un poco más, porque nos estamos centrado también en esa parte de averiguar y verificar si existe responsabilidad”, afirmó el agente Cabrera.