Por segunda vez, Froilan usó todo el tiempo disponible para declarar ante el Tribunal de Sentencia

Ante la atenta mirada de los magistrados Javier Sapena, presidente del Tribunal, Leticia Fracchi y Ana Carolina Silveira, Froilán se ocupó toda la mañana del juicio de detallar sobre cada uno de los funcionarios. Afirmó que todo lo hizo según establecen la Ley N° 828/80 “De universidades” y la ley N° 1.291/2013, la que estaba vigente en la UNA cuando él ejercía el cargo de decano y rector.

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Argumentó que no cometió ningún hecho ilegal. Todas las personas en función a la docencia y auxiliares de la enseñanza fueron puestos en los cargos, pese a no tener la preparación debida, porque dijo que estaban estudiando y actualmente son flamantes profesionales. Uno de ellos, según informó, era el sereno, pero estudiaba computación y justo se abrió un laboratorio de informática, pasando a desempeñarse como auxiliar.

Respecto a la falta de marcación de asistencia que refiere el Ministerio Público malinterpretó, afirmando que los profesores no marcan su entrada ni salida sino que asientan su presencia en libros. El juicio proseguirá el próximo viernes 24 a las 8:00, y posteriormente el martes 5 de octubre, a las 13:00.

Posteriormente, también debe prestar declaración la otra procesada, María del Carmen Martínez, la entonces directora de Talento Humano del rectorado, conocida como la “comepapeles” porque intentó tragarse parte de algunos documentos. Aunque el juicio culmine el Tribunal no podrá dictar sentencia porque el abogado defensor de Peralta Torres presentó un recurso dilatorio consistente en una excepción de inconstitucionalidad que debe resolver la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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Justamente, Martínez ya había presentado un recurso dilatorio similar pero la CSJ la rechazó. Froilán Peralta está procesado por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible (cobro indebido de honorarios) y Martínez -la “comepapeles”- por estafa y apropiación, hechos que salieron a la luz mediante el movimiento estudiantil “UNA no te calles”, en 2015 y que recién en agosto de este año arrancó el juicio por los múltiples recursos dilatorios que lo aplazaron por casi seis años.