Más de 2.600 ahorristas estafados y US$ 16 millones desparecidos, de los cuales US$ 5 millones pertenecían a fondos públicos, US$ 2 millones eran del Instituto de Previsión Social (IPS) y US$ 3 millones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), son las cifras del escandaloso desfalco de Ára de Finanzas en 2015. La entidad financiera entró en liquidación el 30 de abril de ese año, tras una intervención de la Superintendencia de Bancos (SIB) por inconsistencias en su último balance anual, según las publicaciones de ABC.
Los interventores del SIB detectaron indicios de la existencia de un daño patrimonial importante en la citada financiera. Además, en fecha 30 de abril de 2015, realizaron arqueos generales para validar el saldo de cuenta de la caja, tanto de la casa matriz como de las sucursales, arrojando como resultado una diferencia aproximada de G. 74.546 millones, en contrapartida a los saldos de balance declaradas a fecha 29 de abril del 2015, que ascendía a G. 77.805 millones.
Ara de Finanzas SA, en el momento de su intervención y posterior liquidación, era presidida por Luis Carlos Alder Benítez. Documentos filtrados del Pandora Papers revelan que Alder registró una offshore meses después y en pleno proceso de la Fiscalía sobre el vaciamiento de la entidad financiera.
Consultoría
La offshore registrada por Alder Benítez en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) se denomina Noova Partners Limited, según el formulario de Trident Trust Company, el proveedor financiero utilizado. Como actividad propuesta estaba ofrecer servicios de consultoría de gestión, con activo inicial declararon US$ 300.000 en efectivo en una cuenta propia en el Southamerican International Bank (Sai Bank). Esta entidad bancaria tiene como sede Curazao, una isla ubicada en el sur del Caribe, frente a la costa de Venezuela.
Curazao, considerado un paraíso fiscal, es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. El Sai Bank fue investigado en el Ecuador por un hecho de corrupción. Según un proceso abierto por el Ministerio Público ecuatoriano, la entidad bancaria habría facilitado que los intermediarios de la constructora brasileña Odebrecht tengan la posibilidad de disponer de efectivo sin levantar alertas, facilitando de esta manera el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos, de acuerdo a publicaciones periodísticas.
En la documentación de registro de la offshore también declararon que Luis Carlos Alder Benítez poseía ingresos anuales de US$ 95.000 a través de Alder Consultoría.
Solo multa
Un punto curioso es que Alder Benítez, quien en las elecciones internas municipales de junio pasado figuraba como precandidato a la concejalía de Lambaré por el partido Colorado, no fue investigado ni imputado por la fiscalía. Solo figura que la Superintendencia de Bancos (SIB) le impuso una multa de G. 1.000 millones junto a los demás directores de la quebrada entidad financiera.
ABC intentó obtener la versión de Alder Benítez, pero no atendió nuestras llamadas ni respondió mensajes enviados via mensajería de WhatsApp.
