De acuerdo con datos brindados por fuentes del Ministerio de Justicia, hay 1.402 guardiacárceles que están nombrados, de los cuales los últimos 494 accedieron al cargo a través de concurso público de oposición interno, es decir, por el mecanismo de promoción de recursos humanos con los que ya cuenta el ente.
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Del total, el 82,8% de los nombrados perciben salarios que van de G. 3.000.000 a G. 4.000.000. Estos perciben un salario que es 36% superior al mínimo legal establecido por ley, a los que deben sumarse importantes beneficios complementarios, como bonificación de G. 1.000.000 por peligrosidad, ayuda bimestral de G. 1.700.000 y cobertura médica, cuyo valor mensual es de G. 880.000.
Sobre la situación de los guardiacárceles contratados, la situación varía, pues los 999 contratados perciben un salario básico de G. 2.700.000, 27% superior al salario mínimo legal. De estos, solo 419 cuentan con seguro médico similar a los que están nombrados, aunque los contratados recientemente ingresaron bajo un régimen presupuestario especial, regulado por la ley de emergencia penitenciaria y por los medidas adoptadas en pandemia.
Con la promulgación de la Ley N° 6.365/19 por el Ejecutivo se había declarado en emergencia todos los establecimientos penitenciarios del país y se dispuso una ampliación presupuestaria que permitió la contratación de nuevos agentes penitenciarios, en un régimen presupuestario especial y el uso de las fuerzas públicas en el perímetro de estos.
Corruptos por voluntad
A pesar del salario que perciben y los beneficios que reciben por encima, desde el Ministerio de Justicia señalan que los agentes penitenciarios que incurren en “hacer la vista gorda” ante algunos hechos a cambio de dinero u otros favores por parte de los criminales encerrados lo hacen por pura voluntad.
Los actos de corrupción son el resultado de la interacción de diferentes elementos en un proceso situacional. Las personas vinculadas al sistema penitenciario y que se involucran en actos de corrupción lo hacen porque, en primer lugar, ven tales actos como una alternativa viable y, segundo, escogen por hábito o deliberadamente llevarlos a cabo, refiere un comunicado del Ministerio de Justicia.
El porqué de que algunas personas vinculadas al sistema ven alternativas de corrupción donde otros no las ven y por qué escogen llevarlas a cabo dependen exclusivamente de sus motivaciones personales, sus filtros morales y los controles institucionales, agregan desde la referida institución.
Medidas desde la cartera
Luego de que se haya descubierto todo un “pabellón VIP” en la cárcel de Pedro Juan Caballero, en un allanamiento fiscal, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención de su Dirección de Asuntos Internos y cambió al director de general de Establecimientos Penitenciarios.
También conformó una comisión de investigación integrada por personas no vinculadas directamente al control de las cárceles, que realizará inspecciones aleatorias y sorpresivas para informar directamente a la ministra de Justicia.