En el punto 10 del orden del día figura el proyecto de ley que propone la derogación del artículo 19 de la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”. Con la norma se busca establecer que los ministros de la máxima instancia judicial son inamovibles desde su nombramiento.
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El señalado artículo habla sobre la reconducción tácita de la función de los ministros de la máxima instancia judicial y establece que: “Cumplido el período para el cual fueron designados, de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución y 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional”.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación dictaminaron en mayoría por la aprobación del proyecto de ley y en minoría por el rechazo.
Defensor del Pueblo Adjunto
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) también incluyó entre los puntos del orden del día la designación del Defensor del Pueblo Adjunto. Los colorados cartistas habían congelado la definición del tema en venganza al acuerdo que el oficialismo había cerrado con los liberales en el Senado para designar a Víctor Ríos como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
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El 3 de noviembre pasado, fue confirmado como Defensor del Pueblo Miguel Godoy. Recibió el apoyo de colorados y de liberales quienes en un acuerdo habían pactado que inicialmente corresponda la defensoría adjunta al liberal Óscar Forestieri (PLRA), cuñado del senador Enrique Salyn Buzarquis.
El defensor del Pueblo Adjunto necesariamente requerirá de 53 votos para asumir el cargo. En Diputados no hay certeza de cuál de los ternados al cargo finalmente será el designado. El Senado ternó para el cargo a Óscar Forestieri, Ramón Ávila y Natalia Sosa Flores.
Veto a ley del billetera electrónica
La Cámara de Diputados tratará como sexto punto del orden del día, el veto al proyecto de ley por el cual se fijaba niveles altos de seguridad a los giros de dinero. Los órganos técnicos señalaban que la promulgación de la ley -con el artículo 103- representaría una exclusión financiera, por lo que sugirieron al Ejecutivo el veto parcial de la iniciativa.
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Las comisiones de Presupuesto, Equidad Social y Género e Industria, Comercio y Turismo recomiendan al pleno aceptar la objeción parcial del Ejecutivo.