Ávalos Mariño propone la derogación del artículo 19 de la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.
El señalado artículo habla sobre la reconducción tácita de la función de los ministros de la máxima instancia judicial y establece que: “Cumplido el período para el cual fueron designados, de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución y 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional”.
El diputado liberal señala en su exposición de motivos que en varias ocasiones se presentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de los mismos ministros de la Corte contra el señalado artículo.
“La misma Corte Suprema de Justicia sistemáticamente ha dictado fallos que declaran inconstitucional dicha norma legal”, agrega.
El legislador señala que el artículo 261 de la Constitución Nacional establece que los ministros de la Corte Suprema “solo podrán ser removidos y cesados en sus cargos por juicio político, o cuando hayan cumplido la edad de setenta y cinco años, a lo que se debe sumar la dimisión voluntaria del cargo”.
Ávalos agrega que la inamovilidad de los ministros resulta “una garantía de la independencia judicial” y que con la derogación del señalado artículo se pondrá fin “a un estéril debate referente a la duración del término por el cual fueron nombrados (los ministros)”.
<b>Cinco casos recientes</b>
Este proyecto se da luego del último caso en el que cinco ministros de la máxima instancia judicial accionaron contra el mencionado artículo que ahora se busca derogar.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns, así como Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y María Carolina Llanes fueron declarados inamovibles entre ellos. La resolución es del 25 de octubre, pero recién se filtró el pasado 10 de noviembre.
La decisión se mantuvo en secreto pese a que se encuentra en vigencia una ley que obliga a que la Corte debe transmitir sesiones en las que analiza estos casos.